Se ha pretendido que el periodo colonial fue una larga etapa de tranquilidad y de paz social imperturbable. Según este criterio, fue hasta 1810 que se inició el largo e ininterrumpido ciclo de luchas, pugnas y antagonismos sociales y políticos que alteraron profundamente el régimen de supuesta armonía y concordia imperante en la Nueva España. Esta tesis es absolutamente falsa. Durante los 300 años que duró la Colonia, numerosos fueron los actos de rebeldía y de protesta. Desde su nacimiento, la existencia de la sociedad novohispana presentó antagonismos y contradicciones profundas de orden social, económico y político, originados en las desigualdades de riqueza y en los privilegios políticos y jurídicos de las clases dominantes. Muchas fueron las revueltas, los motines, los tumultos, los alzamientos, las rebeliones, las conspiraciones y las conjuras en contra del orden establecido. En dichos movimientos participaban indígenas, negros, mestizos y castizos. Pero también ocurrieron rebeliones, insurrecciones y conspiraciones de españoles, criollos y euromestizos.
Todos estos numerosos y constantes movimientos, rebeliones, alzamientos y conspiraciones, crearon grandes masas de población con ideología y espíritu revolucionario, tanto entre los explotados como entre la clase media y las élites criollas. Esto no ocurrió en ninguna otra parte de Hispanoamérica. En el resto de las colonias españolas en América, la lucha por la Independencia surgió de los Ayuntamientos, los Cabildos y las ciudades, y adquirió un claro internacionalismo liberal burgués. En cambio, en la Nueva España, la lucha independentista adquirió las características de una guerra revolucionaria radical de clases: realizada por campesinos, mineros y arrieros, y dirigida por miembros de la clase media (bajo clero, bajos mandos militares y profesionistas). Esta lucha buscaba cambios profundos en la propiedad de la tierra, la abolición del sistema social de castas y de otras importantes diferencias sociales. Sin embargo, a pesar de su radicalismo, la lucha por la independencia en la Nueva España presenta una paradoja histórica: la acción política de los españoles (peninsulares y criollos) fue determinante para consumar el proceso de Independencia. La acción política de los indígenas, los negros, los castizos y los mestizos fue marginal o totalmente nula, participando únicamente como soldados o “carne de cañón”. Por esto, la Consumación fue una conciliación contrarrevolucionaria de intereses entre la élite europea que ignoró todo el radicalismo revolucionario de las clases sometidas.
En ninguno de los países hispanoamericanos emancipados ocurrió una reforma en el régimen de propiedad ni en el sistema de clases sociales, debido a la estructura semifeudal imperante que configuró y produjo un estado de permanente atraso económico y social, así como un largo y violento periodo de anarquía política, conflicto de facciones y lucha de clases. En toda Hispanoamérica, después de la Independencia, subsistieron instituciones típicamente coloniales como el latifundismo, los bienes raíces “de manos muertas”, la intolerancia religiosa, el despotismo absolutista, el predominio de una casta militar, el burocratismo y el régimen de servidumbre laboral en el campo, las minas y los obrajes.
REBELIONES EN LA ÉPOCA COLONIAL
La mayoría de los alzamientos e insurrecciones ocurridos durante la época colonial constituyeron la expresión real y auténtica de la lucha de clases desarrollada bajo las condiciones imperantes en la Nueva España. En una primera instancia prevalecieron las luchas entre las comunidades indígenas campesinas y los hacendados españoles, entre conquistados y conquistadores, que se fueron desplazando hacia el norte y hacia algunas regiones de difícil control colonial en el sur. En las regiones donde el dominio colonial se había completado y las nuevas relaciones socioeconómicas y políticas se habían estabilizado, aparecieron nuevas luchas sociales: entre las castas inferiores (indígenas, mestizos, castizos, negros) y sus explotadores (criollos y peninsulares); entre los trabajadores urbanos y los propietarios de obrajes, minas, talleres y comercios; entre la naciente clase media ilustrada y las clases dominantes; etc. Hacia los siglos XVII y XVIII, también se presentaron fuertes pugnas por el poder entre criollos y peninsulares, así como choques políticos entre Iglesia y Estado, entre burócratas virreinales y representantes de la autoridad del Rey. Se han documentado más de 100 rebeliones, revueltas y conjuras ocurridas durante los 3 siglos que duró la Colonia. En este contexto, podemos hablar de tres tipos de rebeliones:
1. REBELIONES RURALES. Se subdividen a su vez en tres subtipos:
a) Rebeliones nómadas atrasadas. Predominantemente norteñas, situadas en la zona de Aridoamérica, donde se establecieron minas, estancias ganaderas, haciendas y congregaciones. Su forma de lucha fue abiertamente violenta contra cualquier forma de dominación hispana, incluyendo la religiosa.
b) Rebeliones agrarias sedentarias. Propias de las comunidades de Mesoamérica, acostumbradas a tributar. Se debieron, en general, como una respuesta al despojo de tierras de que fueron objeto o por abusos de los hacendados o los funcionarios españoles.
c) Rebeliones de esclavos negros. Típicas de comunidades de negros que se rebelaban contra las brutales condiciones de esclavitud a que estaban sometidas por los españoles. Ocurrieron básicamente en las costas del Golfo (Veracruz y Tabasco) y del Pacífico sureste (Guerrero y Oaxaca).
Destacan: la Sublevación de los Chiapas en 1528, la Conjura de los Negros en 1537, la Insurrección India de Sinaloa en 1538, la Insurrección del Mixtón en 1541, la Rebelión de Topia en 1561, la Sublevación India de Nueva Galicia en 1600, la Rebelión Tarahumara en 1606, la Rebelión del negro Yanga en 1608, la Insurrección Yaqui en 1609, la Insurrección de los Negros en 1612, la Rebelión de los Tepehuanes en 1616, la Rebelión India del Noroeste en 1621, la Rebelión Tarahumara en 1652, la Insurrección de Tehuantepec en 1660, la Insurrección de Nuevo México en 1680, la Insurrección de Sonora en 1696, la Rebelión India de Nuevo León en 1709, la Insurrección de las Misiones en 1733, la Rebelión de Indios campesinos en el Bajío en 1734, la Insurrección Yaqui en 1740, la Rebelión de los Pimas en 1751, la Insurrección de la Apachería en 1757, la Insurrección Maya en 1761, el Alzamiento de los Seris en 1766, la Sublevación India del Bajío en 1767, la Rebelión de Izúcar en 1783 y la Rebelión del Náyar en 1801.
2. REBELIONES URBANAS. Causas económicas, como la escasez de alimentos o el alza de los precios, y casos de abusos de autoridad pública o privada, generaron no pocos motines populares en las ciudades más importantes, especialmente en la Ciudad de México, donde participaban muchedumbres enfurecidas que saqueaban y destruían propiedades, comercios y edificios públicos.
Destacan: la Revuelta Azteca en la Ciudad de México en 1531, la Revuelta de los Negros en la Ciudad de México en 1612, el Tumulto contra el Virrey Gelves en 1624, la Revuelta de los Soldados Mulatos en Veracruz en 1646, la Revuelta de los Negros en la Ciudad de México en 1665, el Tumulto Popular contra el Virrey Gálvez en 1692, el Motín Popular en la Ciudad de México en 1697, el Tumulto de los Mineros en Real del Monte en 1766, la Insurrección Minera de San Luis Potosí en 1767, los Motines Populares del Bajío contra la expulsión de los Jesuitas en 1767, la Rebelión de los Mineros en Guanajuato en 1776 y el Motín de los Mineros en Pachuca en 1776.
3. REVUELTAS ELITISTAS. Los conflictos de intereses entre los integrantes de las élites dominantes generaron varias revueltas y conjuras golpistas. Especialmente importante resultó el descontento criollo contra el dominio monopólico absolutista de los peninsulares, así como la reacción defensiva de estos últimos. Con el tiempo, estos enfrentamientos determinarían la dinámica política del país.
Destacan: la Oposición de los Encomenderos a la Cédula Real en 1523, la Oposición de los Encomenderos a las Nuevas Leyes en 1543, la Conjura de los Españoles en 1549, la Conjura de Martín Cortés en 1565, la Conspiración de Guillén de Lampart en 1659, la Conspiración de los Machetes en 1799, el Golpe de Estado contra el Virrey Iturrigaray en 1808, la Conspiración de Valladolid en 1808, la Conspiración de San Miguel el Grande en 1809 y la Conspiración de Querétaro en 1810.
FACTORES EXTERNOS EN LA INDEPENDENCIA
Durante la segunda mitad del siglo XVIII y las dos primeras décadas del siglo XIX se dieron una serie de grandes acontecimientos históricos en Europa y en América, que influyeron como factores externos condicionantes y concomitantes de la Guerra de Independencia en la Nueva España. Tales eventos cambiaron la geopolítica global y marcaron el inicio del desarrollo de un nuevo modo de producción (el capitalismo), de nuevas formas de gobierno (el republicanismo democrático burgués) y de nuevas corrientes ideológicas e intelectuales (el liberalismo ilustrado mecanicista). Dichos sucesos, presentados en orden cronológico, fueron:
a) La influencia del movimiento intelectual, cultural e ideológico de la Ilustración y la Enciclopedia, desarrollado en Inglaterra y en Francia (de 1728 a 1796).
b) El desarrollo de la Revolución Industrial en Inglaterra y sus innovaciones científicas, técnicas y económicas (a partir de 1760).
c) La expansión imperial hegemónica de Inglaterra por encima del resto de Europa y la subsecuente lucha que se estableció entre las potencias europeas (entre 1745 y 1815). Desde mediados del siglo XVIII, Inglaterra demostró un abierto interés en el patrocinio de la emancipación de las colonias españolas en América.
d) La lucha de Independencia de los Estados Unidos de América contra el dominio colonial inglés (entre 1770 y 1787), su sistema gubernamental republicano, federalista, constitucional y presidencialista, así como su rápida expansión económica, política y territorial sobre Norteamérica (iniciada a partir de 1795 con la penetración hacia la Florida española y la Louisiana francesa).
e) El desarrollo de la Revolución Francesa y la influencia de sus principios políticos, jurídicos y sociales sobre el resto de Europa y sobre América (de 1789 a 1799).
f) El surgimiento del Imperio Francés de Napoleón Bonaparte y su expansionismo sobre Europa (de 1799 a 1815); especialmente, la invasión napoleónica sobre España (entre 1808 y 1813) determinó decisivamente los acontecimientos en Hispanoamérica.
La Independencia de los Estados Unidos (1770 a 1787) y la Revolución Francesa (1789 a 1799) significaron el triunfo de la burguesía sobre la aristocracia feudal: la nobleza y el alto clero.
INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS
Hacia el siglo XVIII, las colonias inglesas ubicadas en la costa Atlántica de Norteamérica, habían alcanzado un notable desarrollo económico gracias a la organizada explotación que los colonos (una naciente burguesía liberal) hacían de sus recursos naturales y al fluido comercio externo que sostenían (incluyendo el comercio de esclavos africanos y asiáticos). Ante la creciente prosperidad de sus colonias, Inglaterra (que se encontraba en plena penetración mercantil sobre Europa) les impuso, entre 1765 y 1767, una serie de cargas fiscales, leyes proteccionistas sobre el comercio y prohibiciones a la manufactura de ciertos productos, lo cual generó la rebeldía de los colonos, quienes determinaron no cumplir estas disposiciones. Este conflicto inició el proceso de Independencia de los Estados Unidos de América, cuyas principales fases fueron:
a) Resistencia activa de los colonos (1770-1775). Inglaterra envía tropas para controlar las aduanas y cobrar los impuestos, obligando a lo colonos a cumplir las leyes. Los disturbios resultantes derivan en enfrentamientos que dejan colonos muertos y heridos (disturbios de Boston y de Massachussets). Los colonos eligen representantes y se reúne el primer Congreso Continental Americano solicitando al Rey Jorge III y al Parlamento el cese de los agravios y la revocación de las leyes autoritarias.
b) Estallido de la guerra de Independencia (1775-1778). Ante la respuesta negativa de la Corona británica a las solicitudes de los colonos, se reúne el Segundo Congreso Americano que decreta el boicot comercial contra Inglaterra y declara la autonomía de las colonias. Inglaterra desconoce estas disposiciones y envía tropas a sofocar a los rebeldes. Las tropas inglesas y las milicias de los colonos se enfrentan abiertamente. En respuesta, el Segundo Congreso declara la Independencia de los Estados Unidos, basada en las ideas de la Ilustración (republicanismo, democracia, igualdad jurídica, libertades individuales). El desarrollo de la guerra es favorable a los colonos en un principio, pero el ejército inglés pronto logra remontar esta situación y aplasta la rebelión en las colonias del norte.
c) Alianza franco-norteamericana (1778-1780). Los colonos logran obtener el apoyo de las potencias europeas rivales de Inglaterra (Holanda, Francia y España). Los aliados europeos llevan ayuda vital a los rebeldes, quienes desplazan el conflicto hacia las colonias del sur. La participación de tropas francesas es definitiva en la consolidación de la lucha independentista norteamericana. Los capitales franceses sostienen el movimiento. La participación de la flota francesa es fundamental en la ampliación de la guerra al Caribe y a las Indias.
d) Consumación de la Independencia estadounidense (1780-1783). Con el apoyo material, económico y militar francés, los colonos lanzan una contraofensiva definitiva desde el sur. Las derrotas militares se combinan con las ofensivas militares y económicas de las potencias europeas en las periferias, obligando a Inglaterra a poner fin a las hostilidades y a negociar. Inglaterra reconoce la Independencia de los Estados Unidos de América en el Tratado de Paris y los aliados europeos de los norteamericanos también obtienen beneficios.
e) Proclamación del la República de los Estados Unidos (1783-1787). Luego de un largo proceso de negociación política, las facciones republicanas federalista y centralista logran un acuerdo y se promulga la Constitución Política de los Estados Unidos de América, por la cual se crea una República Federal Presidencialista, con una división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, un modo de producción capitalista mixto (industrial al norte y agrícola al sur) y el establecimiento de los derechos civiles y políticos individuales.
REVOLUCIÓN FRANCESA
A finales del siglo XVIII, Francia seguía siendo un país agrícola, con una industrialización incipiente. Debido a las sucesivas y casi permanentes guerras en que se vio envuelta (incluida la ayuda a los colonos norteamericanos), Francia presentaba una economía debilitada y un creciente endeudamiento. La situación se agravaba por los excesivos gastos de manutención de una corte pomposa, rodeada de una nobleza parásita. La crisis económica elevaba constantemente los impuestos sobre el llamado Tercer Estado (que incluía desde los ricos comerciantes y banqueros burgueses hasta los campesinos), lo cual generó un enorme descontento de la mayoría de la población contra los privilegios de la aristocracia, la nobleza y el clero. Tal descontento fue capitalizado por la ascendente burguesía, bajo los ideales de igualdad de la Ilustración, para generar una rebelión masiva contra la monarquía absolutista y su sistema feudal. Las principales fases del movimiento revolucionario francés fueron:
a) Bancarrota política y económica de la Monarquía (1787-1789). Crisis económica y política de la monarquía absolutista de Luis XVI. Se convoca a los Estados Generales integrados por el alto clero, la nobleza y la burguesía.
b) Estallido de la Revolución (mayo de 1789 a abril de 1791). La burguesía integra una Asamblea Constituyente en franca desobediencia al Rey e incita una revuelta popular que toma por asalto la Bastilla. La Asamblea Constituyente proclama la Declaración de los Derechos de los Ciudadanos. Con base en este documento, se promulga la Constitución y se sujeta al clero a la autoridad civil.
c) Fin de la Monarquía y establecimiento de la República (abril de 1791 a septiembre de 1792). Luis XVI intenta huir de Francia buscando la protección y el apoyo de los monarcas europeos. La Asamblea Constituyente apresa al Rey y a su familia. Prusia y Austria invaden Francia. La Asamblea Constituyente se transforma en Convención, la cual disuelve la Monarquía y establece la República.
d) Lucha entre Girondinos y Jacobinos (octubre de 1792 a octubre de 1793). La invasión es derrotada. La alta burguesía conservadora (los Girondinos) toma el poder. Luis XVI y su esposa son ejecutados. Estalla la guerra contra la Coalición Europea (Inglaterra, Holanda, España, Rusia, Austria y Prusia). Ante los fracasos de la Convención girondina, la pequeña burguesía radical y los sectores populares (los Jacobinos) toman el poder.
e) El Régimen del Terror (noviembre de 1793 a julio de 1794). Los Jacobinos ejecutan a todos sus enemigos. Se intenta el establecimiento de un régimen realmente revolucionario y de leyes radicales. Éxitos militares en la guerra exterior y matanzas en el interior de Francia bajo la dictadura jacobina de Maximilien Robespierre. La Convención derroca y ejecuta a Robespierre y sus seguidores (reacción de Thermidor).
f) Republicanismo moderado (agosto de 1794 a octubre de 1795). Los Girondinos retoman el poder. Disuelven la Convención y crean el Directorio. Se promulga una nueva Constitución, luego de aplastar rebeliones realistas y jacobinas. Comienza a distinguirse la figura del general Napoleón Bonaparte como héroe de guerra contra la Coalición Europea.
g) El Directorio (octubre de 1795 a noviembre de 1799). A pesar de los éxitos militares, debidos a la habilidad de Bonaparte, el gobierno del Directorio entra en una grave crisis política. Bonaparte aprovecha el momento y toma el poder mediante un golpe de Estado (el 18 de Brumario).
IMPERIO FRANCÉS DE NAPOLEÓN BONAPARTE
El Golpe de Estado de Bonaparte contra el Directorio marca el fin del proceso revolucionario en Francia y el inicio del dominio burgués, el fin definitivo del feudalismo y el inicio del capitalismo. La primera manifestación de este dominio capitalista burgués fue la dictadura ejercida por Bonaparte durante 15 años, primero a través del Consulado y luego directamente como Emperador.
a) Dictadura Bonapartista (de 1800 a 1804). Se crea una nueva Constitución. Se disuelve el Directorio y se crea el Consulado, jefaturado de manera dictatorial vitalicia por Bonaparte. Bonaparte se impone militarmente a la Coalición Europea y obliga a las monarquías europeas y a la Iglesia a aceptar un acuerdo de paz. Este tratado de paz provoca un reordenamiento geopolítico en Europa y recrudece las tensiones entre Inglaterra y Francia al disputarse la hegemonía tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico. Bonaparte se proclama Emperador de Francia.
b) Imperio Napoleónico (de 1805 a 1815). Ante la amenaza que representa Napoleón I, se reactiva la Coalición Europea contra Francia, en la que Inglaterra pretende obtener la hegemonía mundial destruyendo al Imperio Español y ampliando su propio Imperio en India y Norteamérica. Bonaparte expande el Imperio Francés por toda Europa y consolida su poder sobre el continente, pero fracasa en su intento de controlar las rutas comerciales marítimas, dominadas por Inglaterra. Bonaparte decreta el bloqueo económico continental contra el comercio inglés. Para hacer efectivo tal bloqueo, era necesario que Bonaparte controlara la Península Ibérica. Después de invadir España y Portugal, obliga a la monarquía a abdicar y ceder el gobierno español a Francia. Estalla la insurrección popular española contra la ocupación francesa, financiada y armada por los ingleses. La ocupación de España genera una aguda crisis económica en toda Europa que culmina con el proceso de disolución del Imperio Español (entre 1803 y 1825) y la retirada francesa de España y Portugal. Tras el fracaso en España, el poder de Bonaparte declina rápidamente, es derrotado en Rusia y Francia es invadida y derrotada. Poco después, Bonaparte intenta restaurar el Imperio Francés, pero sus fuerzas son aniquiladas por una nueva Coalición Europea.
IMPACTO EN LA NUEVA ESPAÑA DE LA INVASIÓN NAPOLEÓNICA A ESPAÑA
El enemigo a vencer por Francia era Inglaterra, primera potencia naval e industrial del mundo, aspirante a transformarse en el hegemón europeo y global. Dada la imposibilidad de vencerla militarmente, Bonaparte intentó ahogarla económicamente mediante un bloqueo económico y comercial europeo contra Inglaterra. Como una medida para lograr su objetivo, Bonaparte presionó a España a entrar en guerra con Inglaterra en 1804. Tal conflicto generó una fuerte crisis económica en España que la obligó a buscar recursos financieros en sus colonias hispanoamericanas, decretándose así la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales que afectaba los bienes y las riquezas de la Iglesia, única institución crediticia y financiera de la Nueva España, Esta medida golpeó severamente la economía novohispana al afectar los intereses de hacendados, mineros, comerciantes e industriales peninsulares y criollos. Tal medida entró en vigor en 1805, siendo Virrey José de Iturrigaray. Pronto se organizaron las protestas contra la aplicación de esta medida, con la consiguiente pérdida de prestigio político del Virrey.
En tanto, Portugal se rehusó a cancelar su comercio con los ingleses y se enfrentó políticamente al Imperio Francés. Con el pretexto de someter a Portugal y obligarlo a aplicar el bloqueo comercial contra el comercio inglés, Bonaparte envió un ejército a través de España. Sin embargo, tras el paso del ejército francés, quedaron guarniciones francesas a lo largo del territorio español. Con esta fuerza posicionada, en marzo de 1808 Bonaparte secuestró a Carlos IV y a su hijo, Fernando VII, y los obligó a renunciar al trono español y cederlo al propio Bonaparte, quien nombró a su hermano, José Bonaparte, como nuevo Rey de España. En respuesta, en mayo de 1808, con el apoyo económico, material y político de Inglaterra, estalló la insurrección popular, de tendencia liberal, parlamentaria y monárquica constitucional, contra la ocupación y el dominio francés. Estas noticias sacudieron el ambiente político novohispano y estuvieron a punto de provocar una revolución política. Los grupos criollo y peninsular se definieron de acuerdo a sus intereses, deslindándose dos posiciones:
1.La Real Audiencia, el Consulado comercial, el alto clero y la burocracia colonial, de filiación peninsular, pretendían reconocer al nuevo gobierno español y que todo continuara sin cambios.
2.El Cabildo del Ayuntamiento de México, el bajo clero y los pocos gremios de profesionistas, de filiación criolla, consideraban que el nuevo gobierno español no era legítimo y que la ausencia del Rey obligaba a tomar medidas radicalmente distintas.
Ante esta polarización sociopolítica, Iturrigaray intentó mantener la neutralidad y esta actitud molestó a los peninsulares, por lo cual no tuvo más remedio que apoyarse en los criollos. Mientras tanto, en España proseguía la guerra popular contra los franceses y se creaban Juntas Regionales de gobierno y autodefensa. En este contexto, en julio de 1808, los criollos, dirigidos por Francisco Primo de Verdad, Juan Francisco Azcárate, Melchor de Talamantes y Jacobo Villaurrutia, pidieron a Iturrigaray la creación de una Junta similar a las españolas, argumentando que la ausencia del Rey revertía la soberanía en el reino de la Nueva España, por lo cual la autoridad suprema recaía en el Virrey, en nombre del legítimo heredero español (Fernando VII) y, junto a él, en una Suprema Junta o Congreso Representativo novohispano integrado por miembros del Ayuntamiento, la Real Audiencia, el alto clero y jefes militares, además de diputados regionales electos entre los ciudadanos principales; tal Junta o Congreso estaría facultado para nombrar al Virrey, asignar cargos civiles y eclesiásticos, administrar las finanzas, fomentar e implantar reformas económicas y comerciales, abolir la Inquisición y los fueros religiosos, y elegir a los embajadores. Los criollos planteaban así la autonomía de facto de la Nueva España, aunque era una autonomía pacífica, legal y conservadora, sin cambios sociales, económicos y políticos.
La élite novohispana (peninsulares y criollos) se fragmentó en tres facciones: los que proponían reconocer a la Junta de Sevilla como suprema autoridad, los que proponían esperar el desenlace de los acontecimientos europeos y los que proponían la aplicación de las peticiones autonomistas criollas. Pocos días después, la Junta de Sevilla reclamó para sí la autoridad sobre las colonias americanas, pero dicho reclamo fue rechazado. A pesar de la oposición de los peninsulares y guiado en realidad por ambiciones personales, Iturrigaray proclamó el 1 de septiembre de 1808 que el Virreinato de la Nueva España no estaba sujeto a autoridad alguna, con lo cual los criollos tomaban de hecho el poder novohispano. Los peninsulares, derrotados legalmente, reaccionaron de inmediato, ejecutando un Golpe de Estado el 15 de septiembre de 1808, deponiendo al Virrey y al Ayuntamiento, encarcelando a los líderes criollos e imponiendo como nuevo Virrey a Pedro Maria Garibay, quien implementó una serie de reformas menores para aplacar el descontento de los criollos y prolongar la dominación colonial española. Los peninsulares se percataban muy bien de que en la Nueva España regían a una sociedad de castas y que un levantamiento popular se tornaría incontrolable para las autoridades, por lo que sería desastroso. Sin embargo, el descontento criollo no aminoró, a partir de ese momento iniciaron una serie de conspiraciones criollas en la región del Bajío en contra del “mal gobierno” golpista peninsular, surgiendo así las Conspiraciones de Valladolid, Guanajuato, San Miguel el Grande, Guadalajara y Querétaro.
La situación en Europa pareció mejorar hacia 1809. Aunque los franceses seguían ocupando gran parte de España, las Juntas Regionales de gobierno y autodefensa lograron consolidarse en una Suprema Junta Española que reconoció la igualdad de los virreinatos hispanoamericanos y nombró una Regencia de Diputados que ejercería las funciones de gobierno nacional, con soporte inglés. La Regencia convocó a un Parlamento Nacional (las Cortes) para septiembre de 1810, esta convocatoria incluía por primera vez a representantes de las colonias americanas. Los criollos autonomistas respondieron entusiastamente a las elecciones convocadas en julio y agosto de 1810, eligiendo a 20 Diputados (15 de ellos asistieron al Parlamento Nacional realizado en Cádiz de septiembre de 1810 a septiembre de 1813). En tales circunstancias, la Regencia nombró como nuevo Virrey a Francisco Javier Venegas, quien llegó a la Ciudad de México el 12 de septiembre de 1810.
PROCESO DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO
Hacia 1810 existían en la Nueva España cuatro bloques de clases sociales que representaban distintos intereses:
a) Grupo ultraconservador peninsular. Integrado por la alta burocracia virreinal, los comerciantes potentados (agrupados en el Consulado Comercial de México), el alto clero (agrupado en el Arzobispado Mexicano) y los altos mandos militares, todos hispanos de nacimiento. En este bloque se encontraba el sector social propietario y con fuerza política e ideológica. Eran quienes se beneficiaban de toda la maquinaria colonial, adquiriendo canonjías, privilegios y prebendas. Enemigos jurados de la autonomía y de la independencia, pues sus intereses estaban ligados a la sujeción de la Nueva España a la metrópoli.
b) Grupo conservador criollo. Formado por la aristocracia criolla terrateniente (hacendados) y la burguesía minera, industrial (dueños de talleres y obrajes) y comercial. Deseaban desplazar a los peninsulares del poder, pero también conservar sus intereses económicos. Se comportaban de manera oportunista, su actuación varió frecuentemente de posiciones realistas (a favor del dominio colonial español) a posiciones autonomistas (gozar de cierta libertad política y económica, pero sin romper definitivamente con España) y viceversa, de acuerdo a las circunstancias.
c) Grupo liberal criollo. Representado por la clase media ilustrada criolla: profesionistas, mediano y bajo clero, mediana y baja oficialidad militar, pequeños comerciantes, maestros artesanos y pequeños propietarios rurales. De este sector provinieron la mayoría de los voceros, ideólogos y caudillos de la Guerra de Independencia. Su posición siempre fue vacilante e inconsecuente, fluctuando entre el grupo conservador y el grupo revolucionario, de acuerdo a sus aspiraciones y afinidades personales.
d) Grupo revolucionario popular. Integrado por reducidos círculos ilustrados radicales de criollos empobrecidos, mestizos, castizos y mulatos que desde el siglo XVIII habían logrado penetrar en las vedadas instituciones educativas, gracias a las reformas que los Borbones habían instituido. Los criollos y mestizos de este grupo estaban ligados a la pequeña y mediana burguesía novohispana. Este grupo asumió la dirección de una amplia alianza entre grupos populares heterogéneos: campesinos indígenas, peones de hacienda, artesanos pobres, mineros, arrieros y esclavos fugitivos. Su posición fue siempre independentista, igualitaria y antiaristocrática.
Durante la Guerra de Independencia surgirían alianzas y divergencias entre algunos de estos bloques sociales. Sin embargo, hay alianzas que destacan: los ultraconservadores hispanos se aliaron naturalmente con los conservadores criollos y con un sector de los criollos liberales; el otro sector criollo liberal se alió temporalmente con los radicales populares, pero finalmente tal alianza no duró. Las contradicciones manifestadas durante la Guerra de Independencia fueron múltiples y complejas: los mexicanos contra los hispanos; los criollos contra los peninsulares; el alto clero contra el mediano y el bajo clero; los blancos contra los no blancos; los propietarios contra los desposeídos; los altos mandos militares contra los medios y bajos mandos militares; los campesinos contra los citadinos.
Hacia mediados de 1810, mientras un sector criollo trataba de iniciar un proceso de autonomía legal a través del Parlamento Nacional español, otro sector criollo, aliado al grupo radical popular y ubicado esencialmente en el Bajío, conspiraba abiertamente para derrocar al gobierno virreinal español. Esta actividad conspirativa desembocó en una abierta Guerra de Independencia (de 1810 a 1821) que generó una sinergia particular con los intentos legales de lograr la autonomía. Este conflicto puede dividirse en 4 etapas:
1. Inicio: insurrección popular (septiembre de 1810 a julio de 1811). El 16 de septiembre de 1810, el grupo criollo liberal del Bajío (Guanajuato, Jalisco y zonas vecinas), encabezado por Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo, iniciaron una revuelta que se transformó en un levantamiento popular agrario masivo (no debe olvidarse que entre 1808 y 1810, una intensa sequía asoló el Bajío y ocasionó una hambruna generalizada), pasando de 700 hombres a cerca de 30,000 en una semana. Se trataba de un movimiento desordenado y violento, realizado por un “ejército” popular (esclavos, campesinos, peones, arrendatarios, mineros, arrieros, artesanos, capataces, mayordomos), improvisado, mal armado e indisciplinado (solo los 2,000 hombres comandados por Allende tenían entrenamiento militar). El objetivo declarado era derrotar al ejército colonial, derrocar al régimen virreinal y establecer un gobierno criollo autónomo ligado a España, aceptando la autoridad de Felipe VII. Debido a que el Bajío era el centro de las rutas comerciales del virreinato, la noticia del levantamiento se difundió por todo el territorio.
La insurrección tuvo, en un principio, una acogida favorable entre los criollos; algunos hacendados, empresarios, comerciantes y otros grandes propietarios criollos aportaron armas, alimentos y provisiones a la causa rebelde. Pero era imposible que sobreviniera una verdadera alianza entre los insurgentes y los magnates criollos. Las huestes insurrectas amenazaron toda propiedad y tanto criollos como peninsulares sufrieron masacres y saqueos. La toma, destrucción y saqueo de Guanajuato, acompañada de una masacre generalizada de blancos, fueran criollos o peninsulares, demostró que la dirigencia del movimiento no podía o no deseaba controlar a sus seguidores. A partir de entonces, los criollos unieron sus esfuerzos a las autoridades virreinales contra la insurrección de Hidalgo. La élite dividida desde 1808 por contiendas políticas descubrió de pronto su fundamental unidad de clase cuando se vio frente a la insurrección de las masas del Bajío. Ante esta amenaza, las disensiones políticas pasaron a un segundo plano y la defensa de intereses, riquezas y poder se volvió la preocupación inmediata. Esta situación no dio oportunidad para una insurrección sostenida; de hecho, la insurrección restableció la unidad elitista de clase.
Triunfantes, 80,000 insurgentes enfilaron rumbo a la Ciudad de México y destrozaron a la guarnición colonial de 2,500 hombres cerca de Toluca, quedando libre el paso hacia la capital. Pero Hidalgo desistió de tomar la ciudad capital por dos razones: por un lado, las comunidades indígenas campesinas del centro del país, favorecidas en muchos sentidos por las leyes y disposiciones coloniales, permanecieron fieles a las autoridades virreinales y, por otro, el grueso del ejército colonial avanzaba hacia la Ciudad de México desde el Bajío. Las divisiones internas entre el liderazgo civil (Hidalgo) y el liderazgo militar (Allende) insurgente, la falta de un programa y la carencia de disciplina militar, determinaron una serie consecutiva de derrotas que fragmentó a las fuerzas insurgentes. Las deserciones masivas mermaron considerablemente al “ejército” popular. La extinción del levantamiento era cuestión de tiempo. A pesar de ello, para noviembre de 1810, el movimiento insurreccional popular se había propagado por distintas regiones del país, aunque con una debilidad notable: grupos aislados de insurgentes operaban en Tamaulipas, Tejas, Coahuila, Nuevo León, Nuevo México, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit, Sinaloa, Jalisco, Oaxaca y Guerrero.
A principios de noviembre, tras el fracaso en el centro del país, los insurgentes se retiraron hacia el Bajío. La derrota y la desmoralización redujeron drásticamente las fuerzas de los rebeldes. Entre noviembre y diciembre de 1810, en Guadalajara, en un último intento de salvar al movimiento, los líderes intentaron darle un programa, dictándose decretos aboliendo el sistema de castas y la esclavitud; eliminando los tributos, las exacciones y los estancos; y la repartición gratuita de todas las tierras incultas de los grandes propietarios entre los indios y las castas. Sin embargo no se trataba de un planteamiento revolucionario de carácter socioeconómico. La jefatura rebelde centró sus propuestas de reforma social limitada en problemas directamente ligados al régimen colonial, eludiendo cuestiones de fondo como salarios, rentas, seguridad laboral, abasto de víveres, vivienda y otros temas que afectaban la vida de miles de sus seguidores. No iban a proponer cambios que pudieran poner en peligro la estructura socioeconómica establecida. Sus propios valores y objetivos de élite marginal se los impedía.
Aunque los insurgentes lograron reclutar a numerosos adeptos, nuevas derrotas militares terminaron por desintegrar la dirigencia rebelde, que ya no pudo recuperar la iniciativa. Los jefes de la insurrección estaban atrapados en un callejón sin salida. Habían confiado en un gran apoyo de la élite criolla novohispana. Pero cuándo este apoyo no se presentó, fueron incapaces de darse la vuelta e identificarse con los intereses de las masas de pobres que se habían levantado en su apoyo. La oposición de élites unificadas y la pasividad de las masas agrarias y urbanas a través de casi toda la Nueva España hicieron que los insurgentes, en su aislamiento regional, tuvieran que enfrentarse solos al régimen y su ejército. Semejante insurrección no podía prevalecer. En enero de 1811, en Aguascalientes, se decidió nombrar Jefe de la Insurgencia a Ignacio López Rayón, mientras el resto de la dirigencia intentaba obtener apoyo en Estados Unidos para reactivar la lucha. Pero Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez y Abasolo fueron apresados en Coahuila y ejecutados en Chihuahua apenas cuatro meses después de iniciada la insurrección. El desplome del levantamiento masivo en el Bajío no acabó con la insurrección en la Nueva España. Los rebeldes agrarios continuarían combatiendo en numerosas regiones durante varios años; abandonaron la idea de una rápida victoria masiva y recurrieron a tácticas de guerrilla en constante asedio durante largo tiempo.
2. Organización: pugna político-militar (abril de 1811 a diciembre de 1815). Mientras se desarrollaba la revuelta popular de Hidalgo y Allende; en España, los liberales iniciaron las sesiones del Parlamento Nacional (las Cortes) en Cádiz en septiembre de 1810 (se extenderían hasta septiembre de 1813), con la participación de diputados provenientes de todos los rincones del Imperio Español, tratando de reformarlo, planteando la reorganización del Estado español bajo una Monarquía Constitucional Parlamentaria de corte liberal burgués. Se abolieron instituciones arcaicas, se estableció un control más firme sobre la Iglesia y se reconoció la diversidad de la comunidad hispana creando dos nuevas instituciones de gobierno local: las Diputaciones Provinciales (aboliendo a los Virreinatos) y los Cabildos Constitucionales (desplazando a las élites hereditarias por funcionarios elegidos popularmente). Con estas medidas, todas las provincias españolas, incluyendo a las colonias hispanoamericanas, podían gozar de cierta autonomía política y económica sin cancelar sus fuertes lazos con el gobierno central español. Todo esto quedó plasmado en la Constitución de Cádiz de 1812.
En la Nueva España, el bloque peninsular veía con alarma el desarrollo del Parlamento Español pues sus privilegios peligraban. Tanto los criollos como los peninsulares iniciaron planes para mantener sus prerrogativas o para conquistar las que nunca habían tenido, e impedir la penetración del liberalismo burgués en la Nueva España. La revuelta popular de Hidalgo y Allende terminó por socavar lo que quedaba de la autoridad de la Corona para gobernar. Las élites locales descubrieron que no podrían confiar más en el régimen virreinal y que tendrían que defender sus propios intereses, para lo cual requerían gobernarse a sí mismas. En medio de estos acontecimientos, el movimiento insurgente se fragmentó en dos corrientes:
- Los criollos, encabezados por Ignacio López Rayón, José María Liceaga y Albino García, propusieron en abril de 1811 pactar una reconciliación con las nuevas autoridades coloniales para tratar de lograr la autonomía, reconociendo la autoridad de Fernando VII, pero tal propuesta fue rechazada. Se refugiaron en el Bajío y establecieron la Suprema Junta Nacional Americana en Zitácuaro.
- Las castas inferiores, mayoritariamente mestizos y mulatos, comandadas por José María Morelos, Mariano Matamoros y Hermenegildo Galeana, mientras luchaban en el sur, propusieron la obtención de la independencia absoluta y la conformación de un gobierno nacional de tipo republicano, con división de poderes e integrado por representantes electos popularmente.
De esta manera, frente a López Rayón, criollo ilustrado pero indeciso y temeroso de una revolución popular, surgió Morelos, un mulato que no era hombre de letras ni tenía la cultura de Hidalgo, pero que contaba con talento militar, amplia visión sociopolítica, así como capacidad de mando y de organización. López Rayón y Morelos se enfrentaron desde el desarrollo de la Suprema Junta Nacional, ya que Rayón representaba la concepción criolla moderada y Morelos tenía un enfoque popular radical. Pronto aparecieron pugnas por la jefatura del movimiento insurgente entre ambos caudillos. López Rayón mantuvo la dirigencia del movimiento hasta enero de 1812, cuando el ejército colonial tomó Zitácuaro y disolvió la Suprema Junta Nacional. Aunque Rayón logró escapar, fue perdiendo gradualmente su condición de líder mientras el liderazgo de Morelos se acrecentaba.
Morelos comprendió la base agraria de su rebelión y aprovechó el descontento de la élite marginal de las tierras bajas del litoral sur del Pacífico, de los campesinos subordinados a las haciendas y de los comuneros empobrecidos. En consecuencia, cambió la estrategia de lucha: en lugar de contingentes masivos, mal armados y desorganizados, optó por un ejército más reducido, bien armado y disciplinado, con jefes valerosos y conocedores de su territorio, empleando la guerrilla como método de lucha auxiliar. Además, se promulgaron decretos sociales a favor de la población explotada (igualdad jurídica, extinción de tributos, restitución de tierras y aguas, confiscación de latifundios de peninsulares y criollos españolizados) y se procuró el apoyo de los criollos liberales de clase alta y media prometiéndoles organizar un gobierno independiente dirigido por ellos, así como respetar sus propiedades. De esta manera, criollos prominentes (hacendados, empresarios, comerciantes y funcionarios) mantenían lazos con los rebeldes, proporcionando suministros, financiamiento e información. Sin embargo, Morelos tampoco encaró los problemas fundamentales de las masas subordinadas a los hacendados, debido al apoyo que dichos hacendados daban a su movimiento; estos vínculos políticos con la élite provincial impedían que profundizara sus limitadísimas propuestas de reforma socioeconómica.
Desde finales de 1811 y hasta principios de 1813, luego de consolidar su base social en la zona de tierra caliente del litoral del Pacífico, la insurgencia se concentró en cortar las líneas de comunicación con la capital y logró dominar todo el territorio del sur, importante por las ricas haciendas cañeras, las fértiles tierras agrícolas, las minas de plata y, sobre todo, la ruta comercial hacia el Pacífico, así como el estratégico puerto de Acapulco. Incluso se llegó a interrumpir temporalmente la comunicación hacia Veracruz, concentrando las fuerzas rebeldes sobre el altiplano central y la capital. Pero, una vez más, los insurgentes se toparon con la indiferencia, cuando no la hostilidad, de las comunidades indígenas y campesinas del centro del país que permanecieron fieles a la autoridad colonial. Fueron rápidamente desalojados de esta región por el ejército colonial durante la segunda mitad de 1812 y los insurgentes debieron retirarse hacia Oaxaca. En tanto, los criollos autonomistas trataban de organizarse clandestinamente para defender sus intereses. En 1811 se descubrieron dos conspiraciones de este tipo, mientras sectores novohispanos políticamente activos aprovechaban la revuelta para arrancar concesiones al régimen colonial.
En medio de este auge de la insurgencia, tanto criolla como popular, en octubre de 1812 el Virrey se vio obligado a implantar las reformas liberales emanadas de la Constitución liberal española. Hacia la primavera de 1813, el nuevo Virrey, Félix María Calleja, usó la nueva legislación española, como arma política contrarrevolucionaria, presentando públicamente a los insurgentes como extremistas e intransigentes. Para contrarrestar este intento, a mediados de 1813, Morelos convocó a un Congreso Nacional para unificar las tendencias del movimiento insurgente y para redactar la primera Constitución nacional. Morelos se declaró en contra de la Constitución de Cádiz, puesto que no reconocía la independencia de las colonias hispanoamericanas, esto hizo que los criollos y la élite provinciana le retiraran su apoyo inicial, aislando otra vez al movimiento insurgente y condenándolo a la derrota. El Congreso Nacional se reunió en Chilpancingo de septiembre de 1813 a noviembre de 1814. Sin embargo, antes de que el Congreso cumpliera su cometido, una serie de hechos alteraron radicalmente la situación.
En España, Fernando VII regresó y asumió el trono en abril de 1814, declarando nula la Constitución de Cádiz, el restablecimiento del absolutismo ilustrado e iniciándose la persecución contra los liberales españoles. El Virrey Calleja actúo entonces para restablecer la autoridad virreinal sobre la Nueva España, restauró las viejas instituciones y encarceló a los principales líderes criollos autonomistas, en tanto reforzaba al ejército colonial, una vez terminada la guerra de liberación española contra la ocupación francesa, centralizando la acción militar contra la revuelta. Con esta fuerza renovada, el régimen virreinal aplastó a los insurgentes: primero eliminó a los núcleos criollos de López Rayón en el Bajío y luego diezmó a las tropas populares en el sur; una serie de derrotas hundieron el prestigio militar de Morelos. Vastas zonas de la Nueva España se transformaron en guarniciones regidas por leyes militares y administradas por oficiales europeos. Aún así, los rebeldes agrarios se mantuvieron en resistencia armada en la Sierra Gorda, el noroeste del Bajío, el valle del Mezquital y los llanos de Apan.
El Congreso Nacional insurgente, dominado por la tendencia criolla liberal moderada y tratando desesperadamente de ganar apoyo elitista para la insurgencia, presentó su Constitución de Apatzingán en octubre de 1814. Proponía una República Central regida por tres corporaciones (un Congreso legislativo, administrativo y político; un Supremo Poder Ejecutivo integrado por un triunvirato y un Supremo Tribunal de Justicia), quedando el Ejecutivo y el Judicial sometidos al Legislativo. La Constitución se basó en el modelo francés, oponiéndose a las propuestas más liberales y radicales de Morelos (presentadas en “Los Sentimientos de la Nación”). Los congresistas, criollos en su mayoría, actuaron como representantes de los terratenientes y del clero, buscando su apoyo, aunque tal intento fracasó, pues la Constitución de Apatzingán jamás se aplicó, semejantes propuestas no fueron del agrado ni del interés de las élites criollas marginales. A pesar de ello, Morelos trató de proteger al Congreso, visualizado como el órgano de gobierno insurgente legítimo, ante el embate militar colonialista. Aislado por los criollos, continuamente saboteado por el Congreso, incapaz de proponer reformas radicales que atrajeran a las masas agrarias descontentas y perseguido tenazmente por el ejército colonial, Morelos fue capturado en Puebla y ejecutado en el Estado de México a finales de 1815. A pesar de ello, la rebelión no fue sofocada, fragmentándose en una extensa y duradera guerra de guerrillas.
3. Resistencia: decadencia insurgente (enero de 1816 a diciembre de 1819). Tras la muerte de Morelos sobrevino la decadencia del movimiento insurgente, no tanto porque la lucha hubiera disminuido en volumen e intensidad, sino por haberse fragmentado en muchos grupos inconexos. No había una fuerza aglutinadora ni una dirigencia con el prestigio y el carisma necesarios, a nivel nacional, para imponerse y conducir el movimiento, tanto en lo militar como en lo doctrinario. Las tropas coloniales lograron recuperar gran parte de la Nueva España. El movimiento insurgente pasó a una lucha defensiva de resistencia, predominantemente guerrillera. Los pocos líderes regionales que seguían en pie se refugiaron en las serranías y en las montañas, operando en regiones donde hallaban simpatía y apoyo entre la población agraria, aprovechando sitios naturales inexpugnables para establecer campamentos fortificados (llamados fuertes), desde los cuales lanzaban ataques sorpresivos; se trataba de acciones sin coordinación, totalmente locales y aisladas. Sin verdaderas batallas, el ejército colonial se enfrascó en escaramuzas, dividiéndose en pequeñas unidades que se dispersaron en las diversas zonas, cometiendo tropelías contra la población.
La anarquía imperante provocó que funcionarios, empresarios y clérigos abandonaran las poblaciones provinciales y se concentraran en las grandes ciudades. Muchos opulentos peninsulares y criollos abandonaron el país llevándose sus riquezas consigo, algunas de las zonas más ricas del país quedaron devastadas por los combates. El gobierno perdió su carácter civil y se transformó en un régimen militarizado, el régimen jurídico había dejado de funcionar en las provincias, el orden político novohispano se derruía al tratar de aniquilar a la insurgencia. El gobierno virreinal perdía rápidamente el apoyo de sus gobernados al perder el consenso político. En tales circunstancias, en septiembre de 1816, asumió el nuevo Virrey, Juan Ruiz de Apodaca, cambiando la estrategia contrainsurgente: se presentó con un programa de conciliación humanitaria, prometiendo el indulto a todos los rebeldes que depusieran las armas. Al mismo tiempo, las tropas coloniales lograron importantes éxitos militares en distintas partes del país.
A mediados 1816 operaban varios núcleos rebeldes dispersos por el territorio nacional, los más importantes eran: Servando Teresa de Mier en Tamaulipas y Tejas, Manuel Félix Fernández (a. Guadalupe Victoria) y Nicolás Bravo en Veracruz, Pedro Moreno y Antonio Torres en Guanajuato, Antonio López de Lara y Ramón Rayón en Michoacán, Vicente Guerrero y Juan Álvarez en Guerrero y Oaxaca, Pedro Ascencio en Morelos y Estado de México, Julián Villagrán en Hidalgo y Francisco Osorno en Puebla. Estas guerrillas no tenían disciplina, solían practicar el pillaje sobre la población y sus líderes se disputaban frecuentemente el mando. Para principios de 1817, varios líderes insurgentes se habían acogido a la amnistía ofrecida por el gobierno virreinal, otros fueron derrotados y encarcelados, y otros más cayeron combatiendo. Bajo estas condiciones desfavorables, se desarrollaron las campañas militares de Vicente Guerrero en el sur (logró recuperar el control de la zona de Tierra Caliente y establecer una Junta de Gobierno) y del liberal vasco Francisco Javier Mina en el noreste y el Bajío (financiado por Inglaterra, llegó a la Nueva España en abril de 1817; tras desarrollar una brillante pero breve campaña, fue derrotado y ejecutado en Guanajuato en septiembre del mismo año). La nueva estrategia virreinal casi había logrado pacificar al país, el régimen colonial parecía fortalecido por el restablecimiento del poder absoluto en España y por la decadencia del movimiento insurgente.
Sin embargo, la guerra civil había destrozado la economía del país. Los guerrilleros agrarios no podían derrotar al ejército colonial ni ocupar plazas importantes, pero sí lograron dañar la estructura económica colonial, golpeando la base del orden establecido. Los saqueos de haciendas, ganado, bodegas y graneros, los continuos asaltos en los caminos y las emboscadas a unidades pequeñas del ejército, costaron considerables ganancias a las élites novohispanas. Al debilitar la economía hacendaria latifundista y comercial, las acciones de las guerrillas agrarias debilitaron la estructura socioeconómica colonial. Los combates más devastadores ocurrieron en el centro de la Nueva España, que era la zona agrícola y minera más rica, y el sitio donde se unían todas las rutas comerciales hacia los cuatro puntos cardinales, provocando serios daños a la agricultura, el comercio, la industria y la minería. Las comunicaciones internas solo funcionaban mediante el soborno, tanto al ejército colonial como a los insurgentes. Para 1816 habían muerto alrededor de 600,000 personas (la mitad de la población económicamente activa) y se habían perdido cerca de 890 millones de pesos en todas las ramas económicas, la economía entera estaba abandonada y paralizada, el golpe más severo había sido la descapitalización, pues considerables cantidades de dinero salieron del país con la huída de los peninsulares y criollos de las clases altas. A pesar de su aparente éxito, el gobierno virreinal no tenía ya fondos para sostener a las tropas coloniales, que estaban en condiciones deplorables y al borde de la anarquía; para colmo, sus jefes y oficiales eran predominantemente criollos y comenzaron a identificarse con las ideas independentistas de los criollos sudamericanos (Bolívar, San Martín, Santander, etc.).
A finales de 1819, luego de una década de guerra civil, se presentaba un cuadro paradójico: los insurgentes habían sido prácticamente derrotados (solo quedaban ya reducidos y débiles núcleos guerrilleros insurgentes en el sur, al mando de Guerrero, Álvarez y Fernández), sin embargo, el desastre económico y la influencia de ideas emancipadoras criollas entre las clases privilegiadas y las élites provinciales (alto clero, jefes y oficiales militares, funcionarios de la administración pública, hacendados terratenientes, empresarios e industriales, grandes comerciantes) estaban generando las condiciones necesarias para la independencia.
4. Consumación: contrarrevolución elitista (enero de 1820 a septiembre de 1821). En tanto, España había sufrido los efectos transformadores del industrialismo europeo, que demandaba cambios en la estructura social, en la organización económica y en las relaciones internacionales. Esto había estimulado al naciente liberalismo burgués español. Bajo la influencia del desarrollo social y económico inglés y francés, dirigido a la consolidación de regímenes capitalistas y del poder de las burguesías industriales, en enero de 1820 se produjo un levantamiento liberal en España proclamando la vigencia de la Constitución de Cádiz de 1812 y el establecimiento de un régimen monárquico constitucional. La revuelta logró tal apoyo interno y externo, que Fernando VII se vio obligado a restaurar la Constitución de Cádiz y someterse a ella en marzo de 1820. Reunido otra vez el Parlamento Nacional, se crearon una serie de reformas liberales burguesas anticlericales que confiscaban y desamortizaban los bienes eclesiásticos, otorgaban libertad de imprenta, abolían los fueros y privilegios eclesiásticos, suprimían las órdenes religiosas, disminuían el diezmo a la mitad, etc. Además, abolieron los fueros militares, restituyeron los Cabildos Constitucionales y las Diputaciones Provinciales, concedieron la ciudadanía universal e implantaron reformas sociales.
En mayo de 1820, el Virrey novohispano se vio obligado a jurar la Constitución de Cádiz, a disolver el Tribunal de la Inquisición, a poner en vigor la libertad de imprenta, a abolir los fueros militares y eclesiales, a suprimir las órdenes religiosas y a aplicar otras reformas dictadas en España, convocando, además, a elecciones populares para formar Ayuntamientos Constitucionales dirigidos por Diputados Provinciales. Los decretos de desamortización y disminución del diezmo aún no se aplicarían. Estos cambios desataron un agitación política nunca vista y alteraron las fuerzas políticas de la Nueva España: por un lado, perturbaron a las clases altas (alto clero, grandes propietarios, comerciantes ricos, altos jefes militares) al amenazar sus intereses, privilegios y propiedades; por otro, ofrecieron a los criollos autonomistas una nueva ocasión para lograr la autonomía legal, si bien tendrían que actuar con rapidez para lograr retener el control político; en tanto que la insurgencia quizá hubiera despertado ante esta nueva oportunidad, pero estaba ya totalmente derrotada (la incapacidad de proponer reformas estructurales para resolver los distintos agravios regionales contra las masas agrarias impidió la integración unificadora y debilitó ideológicamente a la insurgencia; además, la pasividad predominante de la mayoría de los campesinos e indígenas, y la firme oposición en bloque de las élites coloniales, garantizó el aislamiento y el fracaso de la insurrección).
En el transcurso de 1820, la oligarquía colonial, auspiciada por los peninsulares, organizó y desarrolló una vigorosa e interesada conspiración elitista a favor de la independencia a través de reuniones secretas en la Ciudad de México (la Conjura de la Profesa). El plan consistía en impedir la aplicación de la Constitución de Cádiz declarando la Independencia de la Nueva España y estableciendo una monarquía moderada que conservara toda la estructura colonial intacta. Los conjurados se percataron de la necesidad de contar con el apoyo de los insurgentes y solicitaron el apoyo de Agustín de Iturbide, oficial del ejército colonial, para contactar y pactar con el núcleo rebelde de Vicente Guerrero (el único que aún operaba en el sur). Tras algunas escaramuzas menores, Iturbide y Guerrero se entrevistaron en Acatempan a fines de 1820 y discutieron las bases del pacto. Una vez madurado y aceptado por los dos jefes militares, en febrero de 1821 se publicó el Plan de Iguala anunciando la fusión de los núcleos insurgentes y las tropas coloniales del sur en el llamado Ejército de las Tres Garantías, comandado por Iturbide, con la finalidad inmediata de consumar la Independencia. Siete meses después, el gobierno colonial de la Nueva España se desmoronó.
El Plan establecía una monarquía constitucional moderada, invitando a Fernando VII o a algún príncipe español a asumir el trono o, en su defecto, a la persona designada por las Cortes nacionales; convocaba a elecciones para erigir un Congreso Nacional (las Cortes); garantizaba el predominio de la religión católica; conservaba los fueros eclesiásticos y militares; salvaguardaba los puestos de los burócratas y funcionarios públicos; suprimía las distinciones étnicas y declaraba la igualdad jurídica universal. En tanto se organizaba el gobierno independiente, se establecía una Regencia, un Cuerpo Ejecutivo plural y una Junta Soberana con igual representación de criollos liberales y conservadores. De esta manera, se trataba de unificar todos los criterios: a los insurgentes se les daba la independencia, a la oligarquía colonial se le garantizaban sus privilegios, a los autonomistas se les planteaba un modelo semejante al de la Constitución de Cádiz y a los indios y castas se les otorgaba una vaga igualdad jurídica. Sin embargo, la problemática del campesinado no fue tocada (para no afectar los intereses de los ricos hacendados) y sus agravios habrían de permanecer hasta nuestros días. El Plan no planteaba, evidentemente, cambios esenciales; suprimía la Constitución liberal de Cádiz, conservando en los hechos la estructura política, económica y social novohispana.
El Plan de Iguala satisfacía las aspiraciones de todas las corrientes políticas novohispanas y fue aceptado por casi todos los grupos en pugna, extendiéndose la insurrección por casi todo el país hacia mayo de 1821. Para junio de 1821, casi todo el ejército colonial se había sumado al Ejército de las Tres Garantías. Ante este panorama, las tropas españolas recién llegadas realizaron un golpe de Estado en julio de 1821, deponiendo al Virrey Apodaca y nombrando al general Francisco Novella como Jefe Político para sofocar la nueva insurgencia criolla por la fuerza, pero se encontró con que las únicas tropas leales eran las españolas y que solo ejercían autoridad en unos cuantos centros urbanos. En agosto de 1821, Iturbide se entrevistó con el nuevo Virrey (Jefe Político Superior, de acuerdo a las reformas liberales), Juan O’Donojú, a su llegada a Veracruz y pactaron los Tratados de Córdoba, en el cual O’Donojú reconocía la soberanía e independencia del llamado Imperio Mexicano, estableciéndose de inmediato una Junta Provisional Gubernativa para nombrar una Regencia. Este Tratado consumó definitivamente la contrarrevolución elitista y, para hacer más completa la contrarrevolución, a diferencia del resto de las colonias hispanoamericanas, México adoptó una forma de gobierno monárquico al independizarse. El 27 de septiembre de 1821, el Ejército de las Tres Garantías, encabezado por Iturbide, entró en la Ciudad de México.
El consenso suscitado por el Plan de Iguala sería efímero, pues había sido diseñado por los peninsulares, arrastrando a los criollos y a los insurgentes; estos grupos tenían que separarse una vez logrado el objetivo, pues sus intereses eran divergentes. Como puede advertirse, el proceso de la Independencia comprende dos etapas: la inicial, caracterizada por una revuelta popular que pretendía no solo la independencia, sino un cambio social, político, económico y cultural del país; y la final, caracterizada por un levantamiento militar ejecutado, precisamente, para lograr la Independencia y no modificar el régimen colonial. De esta contradicción se formarían dos bandos que pugnarían durante los siguientes 50 años por el predominio político en el país: los liberales y los conservadores.
Todos estos numerosos y constantes movimientos, rebeliones, alzamientos y conspiraciones, crearon grandes masas de población con ideología y espíritu revolucionario, tanto entre los explotados como entre la clase media y las élites criollas. Esto no ocurrió en ninguna otra parte de Hispanoamérica. En el resto de las colonias españolas en América, la lucha por la Independencia surgió de los Ayuntamientos, los Cabildos y las ciudades, y adquirió un claro internacionalismo liberal burgués. En cambio, en la Nueva España, la lucha independentista adquirió las características de una guerra revolucionaria radical de clases: realizada por campesinos, mineros y arrieros, y dirigida por miembros de la clase media (bajo clero, bajos mandos militares y profesionistas). Esta lucha buscaba cambios profundos en la propiedad de la tierra, la abolición del sistema social de castas y de otras importantes diferencias sociales. Sin embargo, a pesar de su radicalismo, la lucha por la independencia en la Nueva España presenta una paradoja histórica: la acción política de los españoles (peninsulares y criollos) fue determinante para consumar el proceso de Independencia. La acción política de los indígenas, los negros, los castizos y los mestizos fue marginal o totalmente nula, participando únicamente como soldados o “carne de cañón”. Por esto, la Consumación fue una conciliación contrarrevolucionaria de intereses entre la élite europea que ignoró todo el radicalismo revolucionario de las clases sometidas.
En ninguno de los países hispanoamericanos emancipados ocurrió una reforma en el régimen de propiedad ni en el sistema de clases sociales, debido a la estructura semifeudal imperante que configuró y produjo un estado de permanente atraso económico y social, así como un largo y violento periodo de anarquía política, conflicto de facciones y lucha de clases. En toda Hispanoamérica, después de la Independencia, subsistieron instituciones típicamente coloniales como el latifundismo, los bienes raíces “de manos muertas”, la intolerancia religiosa, el despotismo absolutista, el predominio de una casta militar, el burocratismo y el régimen de servidumbre laboral en el campo, las minas y los obrajes.
REBELIONES EN LA ÉPOCA COLONIAL
La mayoría de los alzamientos e insurrecciones ocurridos durante la época colonial constituyeron la expresión real y auténtica de la lucha de clases desarrollada bajo las condiciones imperantes en la Nueva España. En una primera instancia prevalecieron las luchas entre las comunidades indígenas campesinas y los hacendados españoles, entre conquistados y conquistadores, que se fueron desplazando hacia el norte y hacia algunas regiones de difícil control colonial en el sur. En las regiones donde el dominio colonial se había completado y las nuevas relaciones socioeconómicas y políticas se habían estabilizado, aparecieron nuevas luchas sociales: entre las castas inferiores (indígenas, mestizos, castizos, negros) y sus explotadores (criollos y peninsulares); entre los trabajadores urbanos y los propietarios de obrajes, minas, talleres y comercios; entre la naciente clase media ilustrada y las clases dominantes; etc. Hacia los siglos XVII y XVIII, también se presentaron fuertes pugnas por el poder entre criollos y peninsulares, así como choques políticos entre Iglesia y Estado, entre burócratas virreinales y representantes de la autoridad del Rey. Se han documentado más de 100 rebeliones, revueltas y conjuras ocurridas durante los 3 siglos que duró la Colonia. En este contexto, podemos hablar de tres tipos de rebeliones:
1. REBELIONES RURALES. Se subdividen a su vez en tres subtipos:
a) Rebeliones nómadas atrasadas. Predominantemente norteñas, situadas en la zona de Aridoamérica, donde se establecieron minas, estancias ganaderas, haciendas y congregaciones. Su forma de lucha fue abiertamente violenta contra cualquier forma de dominación hispana, incluyendo la religiosa.
b) Rebeliones agrarias sedentarias. Propias de las comunidades de Mesoamérica, acostumbradas a tributar. Se debieron, en general, como una respuesta al despojo de tierras de que fueron objeto o por abusos de los hacendados o los funcionarios españoles.
c) Rebeliones de esclavos negros. Típicas de comunidades de negros que se rebelaban contra las brutales condiciones de esclavitud a que estaban sometidas por los españoles. Ocurrieron básicamente en las costas del Golfo (Veracruz y Tabasco) y del Pacífico sureste (Guerrero y Oaxaca).
Destacan: la Sublevación de los Chiapas en 1528, la Conjura de los Negros en 1537, la Insurrección India de Sinaloa en 1538, la Insurrección del Mixtón en 1541, la Rebelión de Topia en 1561, la Sublevación India de Nueva Galicia en 1600, la Rebelión Tarahumara en 1606, la Rebelión del negro Yanga en 1608, la Insurrección Yaqui en 1609, la Insurrección de los Negros en 1612, la Rebelión de los Tepehuanes en 1616, la Rebelión India del Noroeste en 1621, la Rebelión Tarahumara en 1652, la Insurrección de Tehuantepec en 1660, la Insurrección de Nuevo México en 1680, la Insurrección de Sonora en 1696, la Rebelión India de Nuevo León en 1709, la Insurrección de las Misiones en 1733, la Rebelión de Indios campesinos en el Bajío en 1734, la Insurrección Yaqui en 1740, la Rebelión de los Pimas en 1751, la Insurrección de la Apachería en 1757, la Insurrección Maya en 1761, el Alzamiento de los Seris en 1766, la Sublevación India del Bajío en 1767, la Rebelión de Izúcar en 1783 y la Rebelión del Náyar en 1801.
2. REBELIONES URBANAS. Causas económicas, como la escasez de alimentos o el alza de los precios, y casos de abusos de autoridad pública o privada, generaron no pocos motines populares en las ciudades más importantes, especialmente en la Ciudad de México, donde participaban muchedumbres enfurecidas que saqueaban y destruían propiedades, comercios y edificios públicos.
Destacan: la Revuelta Azteca en la Ciudad de México en 1531, la Revuelta de los Negros en la Ciudad de México en 1612, el Tumulto contra el Virrey Gelves en 1624, la Revuelta de los Soldados Mulatos en Veracruz en 1646, la Revuelta de los Negros en la Ciudad de México en 1665, el Tumulto Popular contra el Virrey Gálvez en 1692, el Motín Popular en la Ciudad de México en 1697, el Tumulto de los Mineros en Real del Monte en 1766, la Insurrección Minera de San Luis Potosí en 1767, los Motines Populares del Bajío contra la expulsión de los Jesuitas en 1767, la Rebelión de los Mineros en Guanajuato en 1776 y el Motín de los Mineros en Pachuca en 1776.
3. REVUELTAS ELITISTAS. Los conflictos de intereses entre los integrantes de las élites dominantes generaron varias revueltas y conjuras golpistas. Especialmente importante resultó el descontento criollo contra el dominio monopólico absolutista de los peninsulares, así como la reacción defensiva de estos últimos. Con el tiempo, estos enfrentamientos determinarían la dinámica política del país.
Destacan: la Oposición de los Encomenderos a la Cédula Real en 1523, la Oposición de los Encomenderos a las Nuevas Leyes en 1543, la Conjura de los Españoles en 1549, la Conjura de Martín Cortés en 1565, la Conspiración de Guillén de Lampart en 1659, la Conspiración de los Machetes en 1799, el Golpe de Estado contra el Virrey Iturrigaray en 1808, la Conspiración de Valladolid en 1808, la Conspiración de San Miguel el Grande en 1809 y la Conspiración de Querétaro en 1810.
FACTORES EXTERNOS EN LA INDEPENDENCIA
Durante la segunda mitad del siglo XVIII y las dos primeras décadas del siglo XIX se dieron una serie de grandes acontecimientos históricos en Europa y en América, que influyeron como factores externos condicionantes y concomitantes de la Guerra de Independencia en la Nueva España. Tales eventos cambiaron la geopolítica global y marcaron el inicio del desarrollo de un nuevo modo de producción (el capitalismo), de nuevas formas de gobierno (el republicanismo democrático burgués) y de nuevas corrientes ideológicas e intelectuales (el liberalismo ilustrado mecanicista). Dichos sucesos, presentados en orden cronológico, fueron:
a) La influencia del movimiento intelectual, cultural e ideológico de la Ilustración y la Enciclopedia, desarrollado en Inglaterra y en Francia (de 1728 a 1796).
b) El desarrollo de la Revolución Industrial en Inglaterra y sus innovaciones científicas, técnicas y económicas (a partir de 1760).
c) La expansión imperial hegemónica de Inglaterra por encima del resto de Europa y la subsecuente lucha que se estableció entre las potencias europeas (entre 1745 y 1815). Desde mediados del siglo XVIII, Inglaterra demostró un abierto interés en el patrocinio de la emancipación de las colonias españolas en América.
d) La lucha de Independencia de los Estados Unidos de América contra el dominio colonial inglés (entre 1770 y 1787), su sistema gubernamental republicano, federalista, constitucional y presidencialista, así como su rápida expansión económica, política y territorial sobre Norteamérica (iniciada a partir de 1795 con la penetración hacia la Florida española y la Louisiana francesa).
e) El desarrollo de la Revolución Francesa y la influencia de sus principios políticos, jurídicos y sociales sobre el resto de Europa y sobre América (de 1789 a 1799).
f) El surgimiento del Imperio Francés de Napoleón Bonaparte y su expansionismo sobre Europa (de 1799 a 1815); especialmente, la invasión napoleónica sobre España (entre 1808 y 1813) determinó decisivamente los acontecimientos en Hispanoamérica.
La Independencia de los Estados Unidos (1770 a 1787) y la Revolución Francesa (1789 a 1799) significaron el triunfo de la burguesía sobre la aristocracia feudal: la nobleza y el alto clero.
INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS
Hacia el siglo XVIII, las colonias inglesas ubicadas en la costa Atlántica de Norteamérica, habían alcanzado un notable desarrollo económico gracias a la organizada explotación que los colonos (una naciente burguesía liberal) hacían de sus recursos naturales y al fluido comercio externo que sostenían (incluyendo el comercio de esclavos africanos y asiáticos). Ante la creciente prosperidad de sus colonias, Inglaterra (que se encontraba en plena penetración mercantil sobre Europa) les impuso, entre 1765 y 1767, una serie de cargas fiscales, leyes proteccionistas sobre el comercio y prohibiciones a la manufactura de ciertos productos, lo cual generó la rebeldía de los colonos, quienes determinaron no cumplir estas disposiciones. Este conflicto inició el proceso de Independencia de los Estados Unidos de América, cuyas principales fases fueron:
a) Resistencia activa de los colonos (1770-1775). Inglaterra envía tropas para controlar las aduanas y cobrar los impuestos, obligando a lo colonos a cumplir las leyes. Los disturbios resultantes derivan en enfrentamientos que dejan colonos muertos y heridos (disturbios de Boston y de Massachussets). Los colonos eligen representantes y se reúne el primer Congreso Continental Americano solicitando al Rey Jorge III y al Parlamento el cese de los agravios y la revocación de las leyes autoritarias.
b) Estallido de la guerra de Independencia (1775-1778). Ante la respuesta negativa de la Corona británica a las solicitudes de los colonos, se reúne el Segundo Congreso Americano que decreta el boicot comercial contra Inglaterra y declara la autonomía de las colonias. Inglaterra desconoce estas disposiciones y envía tropas a sofocar a los rebeldes. Las tropas inglesas y las milicias de los colonos se enfrentan abiertamente. En respuesta, el Segundo Congreso declara la Independencia de los Estados Unidos, basada en las ideas de la Ilustración (republicanismo, democracia, igualdad jurídica, libertades individuales). El desarrollo de la guerra es favorable a los colonos en un principio, pero el ejército inglés pronto logra remontar esta situación y aplasta la rebelión en las colonias del norte.
c) Alianza franco-norteamericana (1778-1780). Los colonos logran obtener el apoyo de las potencias europeas rivales de Inglaterra (Holanda, Francia y España). Los aliados europeos llevan ayuda vital a los rebeldes, quienes desplazan el conflicto hacia las colonias del sur. La participación de tropas francesas es definitiva en la consolidación de la lucha independentista norteamericana. Los capitales franceses sostienen el movimiento. La participación de la flota francesa es fundamental en la ampliación de la guerra al Caribe y a las Indias.
d) Consumación de la Independencia estadounidense (1780-1783). Con el apoyo material, económico y militar francés, los colonos lanzan una contraofensiva definitiva desde el sur. Las derrotas militares se combinan con las ofensivas militares y económicas de las potencias europeas en las periferias, obligando a Inglaterra a poner fin a las hostilidades y a negociar. Inglaterra reconoce la Independencia de los Estados Unidos de América en el Tratado de Paris y los aliados europeos de los norteamericanos también obtienen beneficios.
e) Proclamación del la República de los Estados Unidos (1783-1787). Luego de un largo proceso de negociación política, las facciones republicanas federalista y centralista logran un acuerdo y se promulga la Constitución Política de los Estados Unidos de América, por la cual se crea una República Federal Presidencialista, con una división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, un modo de producción capitalista mixto (industrial al norte y agrícola al sur) y el establecimiento de los derechos civiles y políticos individuales.
REVOLUCIÓN FRANCESA
A finales del siglo XVIII, Francia seguía siendo un país agrícola, con una industrialización incipiente. Debido a las sucesivas y casi permanentes guerras en que se vio envuelta (incluida la ayuda a los colonos norteamericanos), Francia presentaba una economía debilitada y un creciente endeudamiento. La situación se agravaba por los excesivos gastos de manutención de una corte pomposa, rodeada de una nobleza parásita. La crisis económica elevaba constantemente los impuestos sobre el llamado Tercer Estado (que incluía desde los ricos comerciantes y banqueros burgueses hasta los campesinos), lo cual generó un enorme descontento de la mayoría de la población contra los privilegios de la aristocracia, la nobleza y el clero. Tal descontento fue capitalizado por la ascendente burguesía, bajo los ideales de igualdad de la Ilustración, para generar una rebelión masiva contra la monarquía absolutista y su sistema feudal. Las principales fases del movimiento revolucionario francés fueron:
a) Bancarrota política y económica de la Monarquía (1787-1789). Crisis económica y política de la monarquía absolutista de Luis XVI. Se convoca a los Estados Generales integrados por el alto clero, la nobleza y la burguesía.
b) Estallido de la Revolución (mayo de 1789 a abril de 1791). La burguesía integra una Asamblea Constituyente en franca desobediencia al Rey e incita una revuelta popular que toma por asalto la Bastilla. La Asamblea Constituyente proclama la Declaración de los Derechos de los Ciudadanos. Con base en este documento, se promulga la Constitución y se sujeta al clero a la autoridad civil.
c) Fin de la Monarquía y establecimiento de la República (abril de 1791 a septiembre de 1792). Luis XVI intenta huir de Francia buscando la protección y el apoyo de los monarcas europeos. La Asamblea Constituyente apresa al Rey y a su familia. Prusia y Austria invaden Francia. La Asamblea Constituyente se transforma en Convención, la cual disuelve la Monarquía y establece la República.
d) Lucha entre Girondinos y Jacobinos (octubre de 1792 a octubre de 1793). La invasión es derrotada. La alta burguesía conservadora (los Girondinos) toma el poder. Luis XVI y su esposa son ejecutados. Estalla la guerra contra la Coalición Europea (Inglaterra, Holanda, España, Rusia, Austria y Prusia). Ante los fracasos de la Convención girondina, la pequeña burguesía radical y los sectores populares (los Jacobinos) toman el poder.
e) El Régimen del Terror (noviembre de 1793 a julio de 1794). Los Jacobinos ejecutan a todos sus enemigos. Se intenta el establecimiento de un régimen realmente revolucionario y de leyes radicales. Éxitos militares en la guerra exterior y matanzas en el interior de Francia bajo la dictadura jacobina de Maximilien Robespierre. La Convención derroca y ejecuta a Robespierre y sus seguidores (reacción de Thermidor).
f) Republicanismo moderado (agosto de 1794 a octubre de 1795). Los Girondinos retoman el poder. Disuelven la Convención y crean el Directorio. Se promulga una nueva Constitución, luego de aplastar rebeliones realistas y jacobinas. Comienza a distinguirse la figura del general Napoleón Bonaparte como héroe de guerra contra la Coalición Europea.
g) El Directorio (octubre de 1795 a noviembre de 1799). A pesar de los éxitos militares, debidos a la habilidad de Bonaparte, el gobierno del Directorio entra en una grave crisis política. Bonaparte aprovecha el momento y toma el poder mediante un golpe de Estado (el 18 de Brumario).
IMPERIO FRANCÉS DE NAPOLEÓN BONAPARTE
El Golpe de Estado de Bonaparte contra el Directorio marca el fin del proceso revolucionario en Francia y el inicio del dominio burgués, el fin definitivo del feudalismo y el inicio del capitalismo. La primera manifestación de este dominio capitalista burgués fue la dictadura ejercida por Bonaparte durante 15 años, primero a través del Consulado y luego directamente como Emperador.
a) Dictadura Bonapartista (de 1800 a 1804). Se crea una nueva Constitución. Se disuelve el Directorio y se crea el Consulado, jefaturado de manera dictatorial vitalicia por Bonaparte. Bonaparte se impone militarmente a la Coalición Europea y obliga a las monarquías europeas y a la Iglesia a aceptar un acuerdo de paz. Este tratado de paz provoca un reordenamiento geopolítico en Europa y recrudece las tensiones entre Inglaterra y Francia al disputarse la hegemonía tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico. Bonaparte se proclama Emperador de Francia.
b) Imperio Napoleónico (de 1805 a 1815). Ante la amenaza que representa Napoleón I, se reactiva la Coalición Europea contra Francia, en la que Inglaterra pretende obtener la hegemonía mundial destruyendo al Imperio Español y ampliando su propio Imperio en India y Norteamérica. Bonaparte expande el Imperio Francés por toda Europa y consolida su poder sobre el continente, pero fracasa en su intento de controlar las rutas comerciales marítimas, dominadas por Inglaterra. Bonaparte decreta el bloqueo económico continental contra el comercio inglés. Para hacer efectivo tal bloqueo, era necesario que Bonaparte controlara la Península Ibérica. Después de invadir España y Portugal, obliga a la monarquía a abdicar y ceder el gobierno español a Francia. Estalla la insurrección popular española contra la ocupación francesa, financiada y armada por los ingleses. La ocupación de España genera una aguda crisis económica en toda Europa que culmina con el proceso de disolución del Imperio Español (entre 1803 y 1825) y la retirada francesa de España y Portugal. Tras el fracaso en España, el poder de Bonaparte declina rápidamente, es derrotado en Rusia y Francia es invadida y derrotada. Poco después, Bonaparte intenta restaurar el Imperio Francés, pero sus fuerzas son aniquiladas por una nueva Coalición Europea.
IMPACTO EN LA NUEVA ESPAÑA DE LA INVASIÓN NAPOLEÓNICA A ESPAÑA
El enemigo a vencer por Francia era Inglaterra, primera potencia naval e industrial del mundo, aspirante a transformarse en el hegemón europeo y global. Dada la imposibilidad de vencerla militarmente, Bonaparte intentó ahogarla económicamente mediante un bloqueo económico y comercial europeo contra Inglaterra. Como una medida para lograr su objetivo, Bonaparte presionó a España a entrar en guerra con Inglaterra en 1804. Tal conflicto generó una fuerte crisis económica en España que la obligó a buscar recursos financieros en sus colonias hispanoamericanas, decretándose así la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales que afectaba los bienes y las riquezas de la Iglesia, única institución crediticia y financiera de la Nueva España, Esta medida golpeó severamente la economía novohispana al afectar los intereses de hacendados, mineros, comerciantes e industriales peninsulares y criollos. Tal medida entró en vigor en 1805, siendo Virrey José de Iturrigaray. Pronto se organizaron las protestas contra la aplicación de esta medida, con la consiguiente pérdida de prestigio político del Virrey.
En tanto, Portugal se rehusó a cancelar su comercio con los ingleses y se enfrentó políticamente al Imperio Francés. Con el pretexto de someter a Portugal y obligarlo a aplicar el bloqueo comercial contra el comercio inglés, Bonaparte envió un ejército a través de España. Sin embargo, tras el paso del ejército francés, quedaron guarniciones francesas a lo largo del territorio español. Con esta fuerza posicionada, en marzo de 1808 Bonaparte secuestró a Carlos IV y a su hijo, Fernando VII, y los obligó a renunciar al trono español y cederlo al propio Bonaparte, quien nombró a su hermano, José Bonaparte, como nuevo Rey de España. En respuesta, en mayo de 1808, con el apoyo económico, material y político de Inglaterra, estalló la insurrección popular, de tendencia liberal, parlamentaria y monárquica constitucional, contra la ocupación y el dominio francés. Estas noticias sacudieron el ambiente político novohispano y estuvieron a punto de provocar una revolución política. Los grupos criollo y peninsular se definieron de acuerdo a sus intereses, deslindándose dos posiciones:
1.La Real Audiencia, el Consulado comercial, el alto clero y la burocracia colonial, de filiación peninsular, pretendían reconocer al nuevo gobierno español y que todo continuara sin cambios.
2.El Cabildo del Ayuntamiento de México, el bajo clero y los pocos gremios de profesionistas, de filiación criolla, consideraban que el nuevo gobierno español no era legítimo y que la ausencia del Rey obligaba a tomar medidas radicalmente distintas.
Ante esta polarización sociopolítica, Iturrigaray intentó mantener la neutralidad y esta actitud molestó a los peninsulares, por lo cual no tuvo más remedio que apoyarse en los criollos. Mientras tanto, en España proseguía la guerra popular contra los franceses y se creaban Juntas Regionales de gobierno y autodefensa. En este contexto, en julio de 1808, los criollos, dirigidos por Francisco Primo de Verdad, Juan Francisco Azcárate, Melchor de Talamantes y Jacobo Villaurrutia, pidieron a Iturrigaray la creación de una Junta similar a las españolas, argumentando que la ausencia del Rey revertía la soberanía en el reino de la Nueva España, por lo cual la autoridad suprema recaía en el Virrey, en nombre del legítimo heredero español (Fernando VII) y, junto a él, en una Suprema Junta o Congreso Representativo novohispano integrado por miembros del Ayuntamiento, la Real Audiencia, el alto clero y jefes militares, además de diputados regionales electos entre los ciudadanos principales; tal Junta o Congreso estaría facultado para nombrar al Virrey, asignar cargos civiles y eclesiásticos, administrar las finanzas, fomentar e implantar reformas económicas y comerciales, abolir la Inquisición y los fueros religiosos, y elegir a los embajadores. Los criollos planteaban así la autonomía de facto de la Nueva España, aunque era una autonomía pacífica, legal y conservadora, sin cambios sociales, económicos y políticos.
La élite novohispana (peninsulares y criollos) se fragmentó en tres facciones: los que proponían reconocer a la Junta de Sevilla como suprema autoridad, los que proponían esperar el desenlace de los acontecimientos europeos y los que proponían la aplicación de las peticiones autonomistas criollas. Pocos días después, la Junta de Sevilla reclamó para sí la autoridad sobre las colonias americanas, pero dicho reclamo fue rechazado. A pesar de la oposición de los peninsulares y guiado en realidad por ambiciones personales, Iturrigaray proclamó el 1 de septiembre de 1808 que el Virreinato de la Nueva España no estaba sujeto a autoridad alguna, con lo cual los criollos tomaban de hecho el poder novohispano. Los peninsulares, derrotados legalmente, reaccionaron de inmediato, ejecutando un Golpe de Estado el 15 de septiembre de 1808, deponiendo al Virrey y al Ayuntamiento, encarcelando a los líderes criollos e imponiendo como nuevo Virrey a Pedro Maria Garibay, quien implementó una serie de reformas menores para aplacar el descontento de los criollos y prolongar la dominación colonial española. Los peninsulares se percataban muy bien de que en la Nueva España regían a una sociedad de castas y que un levantamiento popular se tornaría incontrolable para las autoridades, por lo que sería desastroso. Sin embargo, el descontento criollo no aminoró, a partir de ese momento iniciaron una serie de conspiraciones criollas en la región del Bajío en contra del “mal gobierno” golpista peninsular, surgiendo así las Conspiraciones de Valladolid, Guanajuato, San Miguel el Grande, Guadalajara y Querétaro.
La situación en Europa pareció mejorar hacia 1809. Aunque los franceses seguían ocupando gran parte de España, las Juntas Regionales de gobierno y autodefensa lograron consolidarse en una Suprema Junta Española que reconoció la igualdad de los virreinatos hispanoamericanos y nombró una Regencia de Diputados que ejercería las funciones de gobierno nacional, con soporte inglés. La Regencia convocó a un Parlamento Nacional (las Cortes) para septiembre de 1810, esta convocatoria incluía por primera vez a representantes de las colonias americanas. Los criollos autonomistas respondieron entusiastamente a las elecciones convocadas en julio y agosto de 1810, eligiendo a 20 Diputados (15 de ellos asistieron al Parlamento Nacional realizado en Cádiz de septiembre de 1810 a septiembre de 1813). En tales circunstancias, la Regencia nombró como nuevo Virrey a Francisco Javier Venegas, quien llegó a la Ciudad de México el 12 de septiembre de 1810.
PROCESO DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO
Hacia 1810 existían en la Nueva España cuatro bloques de clases sociales que representaban distintos intereses:
a) Grupo ultraconservador peninsular. Integrado por la alta burocracia virreinal, los comerciantes potentados (agrupados en el Consulado Comercial de México), el alto clero (agrupado en el Arzobispado Mexicano) y los altos mandos militares, todos hispanos de nacimiento. En este bloque se encontraba el sector social propietario y con fuerza política e ideológica. Eran quienes se beneficiaban de toda la maquinaria colonial, adquiriendo canonjías, privilegios y prebendas. Enemigos jurados de la autonomía y de la independencia, pues sus intereses estaban ligados a la sujeción de la Nueva España a la metrópoli.
b) Grupo conservador criollo. Formado por la aristocracia criolla terrateniente (hacendados) y la burguesía minera, industrial (dueños de talleres y obrajes) y comercial. Deseaban desplazar a los peninsulares del poder, pero también conservar sus intereses económicos. Se comportaban de manera oportunista, su actuación varió frecuentemente de posiciones realistas (a favor del dominio colonial español) a posiciones autonomistas (gozar de cierta libertad política y económica, pero sin romper definitivamente con España) y viceversa, de acuerdo a las circunstancias.
c) Grupo liberal criollo. Representado por la clase media ilustrada criolla: profesionistas, mediano y bajo clero, mediana y baja oficialidad militar, pequeños comerciantes, maestros artesanos y pequeños propietarios rurales. De este sector provinieron la mayoría de los voceros, ideólogos y caudillos de la Guerra de Independencia. Su posición siempre fue vacilante e inconsecuente, fluctuando entre el grupo conservador y el grupo revolucionario, de acuerdo a sus aspiraciones y afinidades personales.
d) Grupo revolucionario popular. Integrado por reducidos círculos ilustrados radicales de criollos empobrecidos, mestizos, castizos y mulatos que desde el siglo XVIII habían logrado penetrar en las vedadas instituciones educativas, gracias a las reformas que los Borbones habían instituido. Los criollos y mestizos de este grupo estaban ligados a la pequeña y mediana burguesía novohispana. Este grupo asumió la dirección de una amplia alianza entre grupos populares heterogéneos: campesinos indígenas, peones de hacienda, artesanos pobres, mineros, arrieros y esclavos fugitivos. Su posición fue siempre independentista, igualitaria y antiaristocrática.
Durante la Guerra de Independencia surgirían alianzas y divergencias entre algunos de estos bloques sociales. Sin embargo, hay alianzas que destacan: los ultraconservadores hispanos se aliaron naturalmente con los conservadores criollos y con un sector de los criollos liberales; el otro sector criollo liberal se alió temporalmente con los radicales populares, pero finalmente tal alianza no duró. Las contradicciones manifestadas durante la Guerra de Independencia fueron múltiples y complejas: los mexicanos contra los hispanos; los criollos contra los peninsulares; el alto clero contra el mediano y el bajo clero; los blancos contra los no blancos; los propietarios contra los desposeídos; los altos mandos militares contra los medios y bajos mandos militares; los campesinos contra los citadinos.
Hacia mediados de 1810, mientras un sector criollo trataba de iniciar un proceso de autonomía legal a través del Parlamento Nacional español, otro sector criollo, aliado al grupo radical popular y ubicado esencialmente en el Bajío, conspiraba abiertamente para derrocar al gobierno virreinal español. Esta actividad conspirativa desembocó en una abierta Guerra de Independencia (de 1810 a 1821) que generó una sinergia particular con los intentos legales de lograr la autonomía. Este conflicto puede dividirse en 4 etapas:
1. Inicio: insurrección popular (septiembre de 1810 a julio de 1811). El 16 de septiembre de 1810, el grupo criollo liberal del Bajío (Guanajuato, Jalisco y zonas vecinas), encabezado por Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo, iniciaron una revuelta que se transformó en un levantamiento popular agrario masivo (no debe olvidarse que entre 1808 y 1810, una intensa sequía asoló el Bajío y ocasionó una hambruna generalizada), pasando de 700 hombres a cerca de 30,000 en una semana. Se trataba de un movimiento desordenado y violento, realizado por un “ejército” popular (esclavos, campesinos, peones, arrendatarios, mineros, arrieros, artesanos, capataces, mayordomos), improvisado, mal armado e indisciplinado (solo los 2,000 hombres comandados por Allende tenían entrenamiento militar). El objetivo declarado era derrotar al ejército colonial, derrocar al régimen virreinal y establecer un gobierno criollo autónomo ligado a España, aceptando la autoridad de Felipe VII. Debido a que el Bajío era el centro de las rutas comerciales del virreinato, la noticia del levantamiento se difundió por todo el territorio.
La insurrección tuvo, en un principio, una acogida favorable entre los criollos; algunos hacendados, empresarios, comerciantes y otros grandes propietarios criollos aportaron armas, alimentos y provisiones a la causa rebelde. Pero era imposible que sobreviniera una verdadera alianza entre los insurgentes y los magnates criollos. Las huestes insurrectas amenazaron toda propiedad y tanto criollos como peninsulares sufrieron masacres y saqueos. La toma, destrucción y saqueo de Guanajuato, acompañada de una masacre generalizada de blancos, fueran criollos o peninsulares, demostró que la dirigencia del movimiento no podía o no deseaba controlar a sus seguidores. A partir de entonces, los criollos unieron sus esfuerzos a las autoridades virreinales contra la insurrección de Hidalgo. La élite dividida desde 1808 por contiendas políticas descubrió de pronto su fundamental unidad de clase cuando se vio frente a la insurrección de las masas del Bajío. Ante esta amenaza, las disensiones políticas pasaron a un segundo plano y la defensa de intereses, riquezas y poder se volvió la preocupación inmediata. Esta situación no dio oportunidad para una insurrección sostenida; de hecho, la insurrección restableció la unidad elitista de clase.
Triunfantes, 80,000 insurgentes enfilaron rumbo a la Ciudad de México y destrozaron a la guarnición colonial de 2,500 hombres cerca de Toluca, quedando libre el paso hacia la capital. Pero Hidalgo desistió de tomar la ciudad capital por dos razones: por un lado, las comunidades indígenas campesinas del centro del país, favorecidas en muchos sentidos por las leyes y disposiciones coloniales, permanecieron fieles a las autoridades virreinales y, por otro, el grueso del ejército colonial avanzaba hacia la Ciudad de México desde el Bajío. Las divisiones internas entre el liderazgo civil (Hidalgo) y el liderazgo militar (Allende) insurgente, la falta de un programa y la carencia de disciplina militar, determinaron una serie consecutiva de derrotas que fragmentó a las fuerzas insurgentes. Las deserciones masivas mermaron considerablemente al “ejército” popular. La extinción del levantamiento era cuestión de tiempo. A pesar de ello, para noviembre de 1810, el movimiento insurreccional popular se había propagado por distintas regiones del país, aunque con una debilidad notable: grupos aislados de insurgentes operaban en Tamaulipas, Tejas, Coahuila, Nuevo León, Nuevo México, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit, Sinaloa, Jalisco, Oaxaca y Guerrero.
A principios de noviembre, tras el fracaso en el centro del país, los insurgentes se retiraron hacia el Bajío. La derrota y la desmoralización redujeron drásticamente las fuerzas de los rebeldes. Entre noviembre y diciembre de 1810, en Guadalajara, en un último intento de salvar al movimiento, los líderes intentaron darle un programa, dictándose decretos aboliendo el sistema de castas y la esclavitud; eliminando los tributos, las exacciones y los estancos; y la repartición gratuita de todas las tierras incultas de los grandes propietarios entre los indios y las castas. Sin embargo no se trataba de un planteamiento revolucionario de carácter socioeconómico. La jefatura rebelde centró sus propuestas de reforma social limitada en problemas directamente ligados al régimen colonial, eludiendo cuestiones de fondo como salarios, rentas, seguridad laboral, abasto de víveres, vivienda y otros temas que afectaban la vida de miles de sus seguidores. No iban a proponer cambios que pudieran poner en peligro la estructura socioeconómica establecida. Sus propios valores y objetivos de élite marginal se los impedía.
Aunque los insurgentes lograron reclutar a numerosos adeptos, nuevas derrotas militares terminaron por desintegrar la dirigencia rebelde, que ya no pudo recuperar la iniciativa. Los jefes de la insurrección estaban atrapados en un callejón sin salida. Habían confiado en un gran apoyo de la élite criolla novohispana. Pero cuándo este apoyo no se presentó, fueron incapaces de darse la vuelta e identificarse con los intereses de las masas de pobres que se habían levantado en su apoyo. La oposición de élites unificadas y la pasividad de las masas agrarias y urbanas a través de casi toda la Nueva España hicieron que los insurgentes, en su aislamiento regional, tuvieran que enfrentarse solos al régimen y su ejército. Semejante insurrección no podía prevalecer. En enero de 1811, en Aguascalientes, se decidió nombrar Jefe de la Insurgencia a Ignacio López Rayón, mientras el resto de la dirigencia intentaba obtener apoyo en Estados Unidos para reactivar la lucha. Pero Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez y Abasolo fueron apresados en Coahuila y ejecutados en Chihuahua apenas cuatro meses después de iniciada la insurrección. El desplome del levantamiento masivo en el Bajío no acabó con la insurrección en la Nueva España. Los rebeldes agrarios continuarían combatiendo en numerosas regiones durante varios años; abandonaron la idea de una rápida victoria masiva y recurrieron a tácticas de guerrilla en constante asedio durante largo tiempo.
2. Organización: pugna político-militar (abril de 1811 a diciembre de 1815). Mientras se desarrollaba la revuelta popular de Hidalgo y Allende; en España, los liberales iniciaron las sesiones del Parlamento Nacional (las Cortes) en Cádiz en septiembre de 1810 (se extenderían hasta septiembre de 1813), con la participación de diputados provenientes de todos los rincones del Imperio Español, tratando de reformarlo, planteando la reorganización del Estado español bajo una Monarquía Constitucional Parlamentaria de corte liberal burgués. Se abolieron instituciones arcaicas, se estableció un control más firme sobre la Iglesia y se reconoció la diversidad de la comunidad hispana creando dos nuevas instituciones de gobierno local: las Diputaciones Provinciales (aboliendo a los Virreinatos) y los Cabildos Constitucionales (desplazando a las élites hereditarias por funcionarios elegidos popularmente). Con estas medidas, todas las provincias españolas, incluyendo a las colonias hispanoamericanas, podían gozar de cierta autonomía política y económica sin cancelar sus fuertes lazos con el gobierno central español. Todo esto quedó plasmado en la Constitución de Cádiz de 1812.
En la Nueva España, el bloque peninsular veía con alarma el desarrollo del Parlamento Español pues sus privilegios peligraban. Tanto los criollos como los peninsulares iniciaron planes para mantener sus prerrogativas o para conquistar las que nunca habían tenido, e impedir la penetración del liberalismo burgués en la Nueva España. La revuelta popular de Hidalgo y Allende terminó por socavar lo que quedaba de la autoridad de la Corona para gobernar. Las élites locales descubrieron que no podrían confiar más en el régimen virreinal y que tendrían que defender sus propios intereses, para lo cual requerían gobernarse a sí mismas. En medio de estos acontecimientos, el movimiento insurgente se fragmentó en dos corrientes:
- Los criollos, encabezados por Ignacio López Rayón, José María Liceaga y Albino García, propusieron en abril de 1811 pactar una reconciliación con las nuevas autoridades coloniales para tratar de lograr la autonomía, reconociendo la autoridad de Fernando VII, pero tal propuesta fue rechazada. Se refugiaron en el Bajío y establecieron la Suprema Junta Nacional Americana en Zitácuaro.
- Las castas inferiores, mayoritariamente mestizos y mulatos, comandadas por José María Morelos, Mariano Matamoros y Hermenegildo Galeana, mientras luchaban en el sur, propusieron la obtención de la independencia absoluta y la conformación de un gobierno nacional de tipo republicano, con división de poderes e integrado por representantes electos popularmente.
De esta manera, frente a López Rayón, criollo ilustrado pero indeciso y temeroso de una revolución popular, surgió Morelos, un mulato que no era hombre de letras ni tenía la cultura de Hidalgo, pero que contaba con talento militar, amplia visión sociopolítica, así como capacidad de mando y de organización. López Rayón y Morelos se enfrentaron desde el desarrollo de la Suprema Junta Nacional, ya que Rayón representaba la concepción criolla moderada y Morelos tenía un enfoque popular radical. Pronto aparecieron pugnas por la jefatura del movimiento insurgente entre ambos caudillos. López Rayón mantuvo la dirigencia del movimiento hasta enero de 1812, cuando el ejército colonial tomó Zitácuaro y disolvió la Suprema Junta Nacional. Aunque Rayón logró escapar, fue perdiendo gradualmente su condición de líder mientras el liderazgo de Morelos se acrecentaba.
Morelos comprendió la base agraria de su rebelión y aprovechó el descontento de la élite marginal de las tierras bajas del litoral sur del Pacífico, de los campesinos subordinados a las haciendas y de los comuneros empobrecidos. En consecuencia, cambió la estrategia de lucha: en lugar de contingentes masivos, mal armados y desorganizados, optó por un ejército más reducido, bien armado y disciplinado, con jefes valerosos y conocedores de su territorio, empleando la guerrilla como método de lucha auxiliar. Además, se promulgaron decretos sociales a favor de la población explotada (igualdad jurídica, extinción de tributos, restitución de tierras y aguas, confiscación de latifundios de peninsulares y criollos españolizados) y se procuró el apoyo de los criollos liberales de clase alta y media prometiéndoles organizar un gobierno independiente dirigido por ellos, así como respetar sus propiedades. De esta manera, criollos prominentes (hacendados, empresarios, comerciantes y funcionarios) mantenían lazos con los rebeldes, proporcionando suministros, financiamiento e información. Sin embargo, Morelos tampoco encaró los problemas fundamentales de las masas subordinadas a los hacendados, debido al apoyo que dichos hacendados daban a su movimiento; estos vínculos políticos con la élite provincial impedían que profundizara sus limitadísimas propuestas de reforma socioeconómica.
Desde finales de 1811 y hasta principios de 1813, luego de consolidar su base social en la zona de tierra caliente del litoral del Pacífico, la insurgencia se concentró en cortar las líneas de comunicación con la capital y logró dominar todo el territorio del sur, importante por las ricas haciendas cañeras, las fértiles tierras agrícolas, las minas de plata y, sobre todo, la ruta comercial hacia el Pacífico, así como el estratégico puerto de Acapulco. Incluso se llegó a interrumpir temporalmente la comunicación hacia Veracruz, concentrando las fuerzas rebeldes sobre el altiplano central y la capital. Pero, una vez más, los insurgentes se toparon con la indiferencia, cuando no la hostilidad, de las comunidades indígenas y campesinas del centro del país que permanecieron fieles a la autoridad colonial. Fueron rápidamente desalojados de esta región por el ejército colonial durante la segunda mitad de 1812 y los insurgentes debieron retirarse hacia Oaxaca. En tanto, los criollos autonomistas trataban de organizarse clandestinamente para defender sus intereses. En 1811 se descubrieron dos conspiraciones de este tipo, mientras sectores novohispanos políticamente activos aprovechaban la revuelta para arrancar concesiones al régimen colonial.
En medio de este auge de la insurgencia, tanto criolla como popular, en octubre de 1812 el Virrey se vio obligado a implantar las reformas liberales emanadas de la Constitución liberal española. Hacia la primavera de 1813, el nuevo Virrey, Félix María Calleja, usó la nueva legislación española, como arma política contrarrevolucionaria, presentando públicamente a los insurgentes como extremistas e intransigentes. Para contrarrestar este intento, a mediados de 1813, Morelos convocó a un Congreso Nacional para unificar las tendencias del movimiento insurgente y para redactar la primera Constitución nacional. Morelos se declaró en contra de la Constitución de Cádiz, puesto que no reconocía la independencia de las colonias hispanoamericanas, esto hizo que los criollos y la élite provinciana le retiraran su apoyo inicial, aislando otra vez al movimiento insurgente y condenándolo a la derrota. El Congreso Nacional se reunió en Chilpancingo de septiembre de 1813 a noviembre de 1814. Sin embargo, antes de que el Congreso cumpliera su cometido, una serie de hechos alteraron radicalmente la situación.
En España, Fernando VII regresó y asumió el trono en abril de 1814, declarando nula la Constitución de Cádiz, el restablecimiento del absolutismo ilustrado e iniciándose la persecución contra los liberales españoles. El Virrey Calleja actúo entonces para restablecer la autoridad virreinal sobre la Nueva España, restauró las viejas instituciones y encarceló a los principales líderes criollos autonomistas, en tanto reforzaba al ejército colonial, una vez terminada la guerra de liberación española contra la ocupación francesa, centralizando la acción militar contra la revuelta. Con esta fuerza renovada, el régimen virreinal aplastó a los insurgentes: primero eliminó a los núcleos criollos de López Rayón en el Bajío y luego diezmó a las tropas populares en el sur; una serie de derrotas hundieron el prestigio militar de Morelos. Vastas zonas de la Nueva España se transformaron en guarniciones regidas por leyes militares y administradas por oficiales europeos. Aún así, los rebeldes agrarios se mantuvieron en resistencia armada en la Sierra Gorda, el noroeste del Bajío, el valle del Mezquital y los llanos de Apan.
El Congreso Nacional insurgente, dominado por la tendencia criolla liberal moderada y tratando desesperadamente de ganar apoyo elitista para la insurgencia, presentó su Constitución de Apatzingán en octubre de 1814. Proponía una República Central regida por tres corporaciones (un Congreso legislativo, administrativo y político; un Supremo Poder Ejecutivo integrado por un triunvirato y un Supremo Tribunal de Justicia), quedando el Ejecutivo y el Judicial sometidos al Legislativo. La Constitución se basó en el modelo francés, oponiéndose a las propuestas más liberales y radicales de Morelos (presentadas en “Los Sentimientos de la Nación”). Los congresistas, criollos en su mayoría, actuaron como representantes de los terratenientes y del clero, buscando su apoyo, aunque tal intento fracasó, pues la Constitución de Apatzingán jamás se aplicó, semejantes propuestas no fueron del agrado ni del interés de las élites criollas marginales. A pesar de ello, Morelos trató de proteger al Congreso, visualizado como el órgano de gobierno insurgente legítimo, ante el embate militar colonialista. Aislado por los criollos, continuamente saboteado por el Congreso, incapaz de proponer reformas radicales que atrajeran a las masas agrarias descontentas y perseguido tenazmente por el ejército colonial, Morelos fue capturado en Puebla y ejecutado en el Estado de México a finales de 1815. A pesar de ello, la rebelión no fue sofocada, fragmentándose en una extensa y duradera guerra de guerrillas.
3. Resistencia: decadencia insurgente (enero de 1816 a diciembre de 1819). Tras la muerte de Morelos sobrevino la decadencia del movimiento insurgente, no tanto porque la lucha hubiera disminuido en volumen e intensidad, sino por haberse fragmentado en muchos grupos inconexos. No había una fuerza aglutinadora ni una dirigencia con el prestigio y el carisma necesarios, a nivel nacional, para imponerse y conducir el movimiento, tanto en lo militar como en lo doctrinario. Las tropas coloniales lograron recuperar gran parte de la Nueva España. El movimiento insurgente pasó a una lucha defensiva de resistencia, predominantemente guerrillera. Los pocos líderes regionales que seguían en pie se refugiaron en las serranías y en las montañas, operando en regiones donde hallaban simpatía y apoyo entre la población agraria, aprovechando sitios naturales inexpugnables para establecer campamentos fortificados (llamados fuertes), desde los cuales lanzaban ataques sorpresivos; se trataba de acciones sin coordinación, totalmente locales y aisladas. Sin verdaderas batallas, el ejército colonial se enfrascó en escaramuzas, dividiéndose en pequeñas unidades que se dispersaron en las diversas zonas, cometiendo tropelías contra la población.
La anarquía imperante provocó que funcionarios, empresarios y clérigos abandonaran las poblaciones provinciales y se concentraran en las grandes ciudades. Muchos opulentos peninsulares y criollos abandonaron el país llevándose sus riquezas consigo, algunas de las zonas más ricas del país quedaron devastadas por los combates. El gobierno perdió su carácter civil y se transformó en un régimen militarizado, el régimen jurídico había dejado de funcionar en las provincias, el orden político novohispano se derruía al tratar de aniquilar a la insurgencia. El gobierno virreinal perdía rápidamente el apoyo de sus gobernados al perder el consenso político. En tales circunstancias, en septiembre de 1816, asumió el nuevo Virrey, Juan Ruiz de Apodaca, cambiando la estrategia contrainsurgente: se presentó con un programa de conciliación humanitaria, prometiendo el indulto a todos los rebeldes que depusieran las armas. Al mismo tiempo, las tropas coloniales lograron importantes éxitos militares en distintas partes del país.
A mediados 1816 operaban varios núcleos rebeldes dispersos por el territorio nacional, los más importantes eran: Servando Teresa de Mier en Tamaulipas y Tejas, Manuel Félix Fernández (a. Guadalupe Victoria) y Nicolás Bravo en Veracruz, Pedro Moreno y Antonio Torres en Guanajuato, Antonio López de Lara y Ramón Rayón en Michoacán, Vicente Guerrero y Juan Álvarez en Guerrero y Oaxaca, Pedro Ascencio en Morelos y Estado de México, Julián Villagrán en Hidalgo y Francisco Osorno en Puebla. Estas guerrillas no tenían disciplina, solían practicar el pillaje sobre la población y sus líderes se disputaban frecuentemente el mando. Para principios de 1817, varios líderes insurgentes se habían acogido a la amnistía ofrecida por el gobierno virreinal, otros fueron derrotados y encarcelados, y otros más cayeron combatiendo. Bajo estas condiciones desfavorables, se desarrollaron las campañas militares de Vicente Guerrero en el sur (logró recuperar el control de la zona de Tierra Caliente y establecer una Junta de Gobierno) y del liberal vasco Francisco Javier Mina en el noreste y el Bajío (financiado por Inglaterra, llegó a la Nueva España en abril de 1817; tras desarrollar una brillante pero breve campaña, fue derrotado y ejecutado en Guanajuato en septiembre del mismo año). La nueva estrategia virreinal casi había logrado pacificar al país, el régimen colonial parecía fortalecido por el restablecimiento del poder absoluto en España y por la decadencia del movimiento insurgente.
Sin embargo, la guerra civil había destrozado la economía del país. Los guerrilleros agrarios no podían derrotar al ejército colonial ni ocupar plazas importantes, pero sí lograron dañar la estructura económica colonial, golpeando la base del orden establecido. Los saqueos de haciendas, ganado, bodegas y graneros, los continuos asaltos en los caminos y las emboscadas a unidades pequeñas del ejército, costaron considerables ganancias a las élites novohispanas. Al debilitar la economía hacendaria latifundista y comercial, las acciones de las guerrillas agrarias debilitaron la estructura socioeconómica colonial. Los combates más devastadores ocurrieron en el centro de la Nueva España, que era la zona agrícola y minera más rica, y el sitio donde se unían todas las rutas comerciales hacia los cuatro puntos cardinales, provocando serios daños a la agricultura, el comercio, la industria y la minería. Las comunicaciones internas solo funcionaban mediante el soborno, tanto al ejército colonial como a los insurgentes. Para 1816 habían muerto alrededor de 600,000 personas (la mitad de la población económicamente activa) y se habían perdido cerca de 890 millones de pesos en todas las ramas económicas, la economía entera estaba abandonada y paralizada, el golpe más severo había sido la descapitalización, pues considerables cantidades de dinero salieron del país con la huída de los peninsulares y criollos de las clases altas. A pesar de su aparente éxito, el gobierno virreinal no tenía ya fondos para sostener a las tropas coloniales, que estaban en condiciones deplorables y al borde de la anarquía; para colmo, sus jefes y oficiales eran predominantemente criollos y comenzaron a identificarse con las ideas independentistas de los criollos sudamericanos (Bolívar, San Martín, Santander, etc.).
A finales de 1819, luego de una década de guerra civil, se presentaba un cuadro paradójico: los insurgentes habían sido prácticamente derrotados (solo quedaban ya reducidos y débiles núcleos guerrilleros insurgentes en el sur, al mando de Guerrero, Álvarez y Fernández), sin embargo, el desastre económico y la influencia de ideas emancipadoras criollas entre las clases privilegiadas y las élites provinciales (alto clero, jefes y oficiales militares, funcionarios de la administración pública, hacendados terratenientes, empresarios e industriales, grandes comerciantes) estaban generando las condiciones necesarias para la independencia.
4. Consumación: contrarrevolución elitista (enero de 1820 a septiembre de 1821). En tanto, España había sufrido los efectos transformadores del industrialismo europeo, que demandaba cambios en la estructura social, en la organización económica y en las relaciones internacionales. Esto había estimulado al naciente liberalismo burgués español. Bajo la influencia del desarrollo social y económico inglés y francés, dirigido a la consolidación de regímenes capitalistas y del poder de las burguesías industriales, en enero de 1820 se produjo un levantamiento liberal en España proclamando la vigencia de la Constitución de Cádiz de 1812 y el establecimiento de un régimen monárquico constitucional. La revuelta logró tal apoyo interno y externo, que Fernando VII se vio obligado a restaurar la Constitución de Cádiz y someterse a ella en marzo de 1820. Reunido otra vez el Parlamento Nacional, se crearon una serie de reformas liberales burguesas anticlericales que confiscaban y desamortizaban los bienes eclesiásticos, otorgaban libertad de imprenta, abolían los fueros y privilegios eclesiásticos, suprimían las órdenes religiosas, disminuían el diezmo a la mitad, etc. Además, abolieron los fueros militares, restituyeron los Cabildos Constitucionales y las Diputaciones Provinciales, concedieron la ciudadanía universal e implantaron reformas sociales.
En mayo de 1820, el Virrey novohispano se vio obligado a jurar la Constitución de Cádiz, a disolver el Tribunal de la Inquisición, a poner en vigor la libertad de imprenta, a abolir los fueros militares y eclesiales, a suprimir las órdenes religiosas y a aplicar otras reformas dictadas en España, convocando, además, a elecciones populares para formar Ayuntamientos Constitucionales dirigidos por Diputados Provinciales. Los decretos de desamortización y disminución del diezmo aún no se aplicarían. Estos cambios desataron un agitación política nunca vista y alteraron las fuerzas políticas de la Nueva España: por un lado, perturbaron a las clases altas (alto clero, grandes propietarios, comerciantes ricos, altos jefes militares) al amenazar sus intereses, privilegios y propiedades; por otro, ofrecieron a los criollos autonomistas una nueva ocasión para lograr la autonomía legal, si bien tendrían que actuar con rapidez para lograr retener el control político; en tanto que la insurgencia quizá hubiera despertado ante esta nueva oportunidad, pero estaba ya totalmente derrotada (la incapacidad de proponer reformas estructurales para resolver los distintos agravios regionales contra las masas agrarias impidió la integración unificadora y debilitó ideológicamente a la insurgencia; además, la pasividad predominante de la mayoría de los campesinos e indígenas, y la firme oposición en bloque de las élites coloniales, garantizó el aislamiento y el fracaso de la insurrección).
En el transcurso de 1820, la oligarquía colonial, auspiciada por los peninsulares, organizó y desarrolló una vigorosa e interesada conspiración elitista a favor de la independencia a través de reuniones secretas en la Ciudad de México (la Conjura de la Profesa). El plan consistía en impedir la aplicación de la Constitución de Cádiz declarando la Independencia de la Nueva España y estableciendo una monarquía moderada que conservara toda la estructura colonial intacta. Los conjurados se percataron de la necesidad de contar con el apoyo de los insurgentes y solicitaron el apoyo de Agustín de Iturbide, oficial del ejército colonial, para contactar y pactar con el núcleo rebelde de Vicente Guerrero (el único que aún operaba en el sur). Tras algunas escaramuzas menores, Iturbide y Guerrero se entrevistaron en Acatempan a fines de 1820 y discutieron las bases del pacto. Una vez madurado y aceptado por los dos jefes militares, en febrero de 1821 se publicó el Plan de Iguala anunciando la fusión de los núcleos insurgentes y las tropas coloniales del sur en el llamado Ejército de las Tres Garantías, comandado por Iturbide, con la finalidad inmediata de consumar la Independencia. Siete meses después, el gobierno colonial de la Nueva España se desmoronó.
El Plan establecía una monarquía constitucional moderada, invitando a Fernando VII o a algún príncipe español a asumir el trono o, en su defecto, a la persona designada por las Cortes nacionales; convocaba a elecciones para erigir un Congreso Nacional (las Cortes); garantizaba el predominio de la religión católica; conservaba los fueros eclesiásticos y militares; salvaguardaba los puestos de los burócratas y funcionarios públicos; suprimía las distinciones étnicas y declaraba la igualdad jurídica universal. En tanto se organizaba el gobierno independiente, se establecía una Regencia, un Cuerpo Ejecutivo plural y una Junta Soberana con igual representación de criollos liberales y conservadores. De esta manera, se trataba de unificar todos los criterios: a los insurgentes se les daba la independencia, a la oligarquía colonial se le garantizaban sus privilegios, a los autonomistas se les planteaba un modelo semejante al de la Constitución de Cádiz y a los indios y castas se les otorgaba una vaga igualdad jurídica. Sin embargo, la problemática del campesinado no fue tocada (para no afectar los intereses de los ricos hacendados) y sus agravios habrían de permanecer hasta nuestros días. El Plan no planteaba, evidentemente, cambios esenciales; suprimía la Constitución liberal de Cádiz, conservando en los hechos la estructura política, económica y social novohispana.
El Plan de Iguala satisfacía las aspiraciones de todas las corrientes políticas novohispanas y fue aceptado por casi todos los grupos en pugna, extendiéndose la insurrección por casi todo el país hacia mayo de 1821. Para junio de 1821, casi todo el ejército colonial se había sumado al Ejército de las Tres Garantías. Ante este panorama, las tropas españolas recién llegadas realizaron un golpe de Estado en julio de 1821, deponiendo al Virrey Apodaca y nombrando al general Francisco Novella como Jefe Político para sofocar la nueva insurgencia criolla por la fuerza, pero se encontró con que las únicas tropas leales eran las españolas y que solo ejercían autoridad en unos cuantos centros urbanos. En agosto de 1821, Iturbide se entrevistó con el nuevo Virrey (Jefe Político Superior, de acuerdo a las reformas liberales), Juan O’Donojú, a su llegada a Veracruz y pactaron los Tratados de Córdoba, en el cual O’Donojú reconocía la soberanía e independencia del llamado Imperio Mexicano, estableciéndose de inmediato una Junta Provisional Gubernativa para nombrar una Regencia. Este Tratado consumó definitivamente la contrarrevolución elitista y, para hacer más completa la contrarrevolución, a diferencia del resto de las colonias hispanoamericanas, México adoptó una forma de gobierno monárquico al independizarse. El 27 de septiembre de 1821, el Ejército de las Tres Garantías, encabezado por Iturbide, entró en la Ciudad de México.
El consenso suscitado por el Plan de Iguala sería efímero, pues había sido diseñado por los peninsulares, arrastrando a los criollos y a los insurgentes; estos grupos tenían que separarse una vez logrado el objetivo, pues sus intereses eran divergentes. Como puede advertirse, el proceso de la Independencia comprende dos etapas: la inicial, caracterizada por una revuelta popular que pretendía no solo la independencia, sino un cambio social, político, económico y cultural del país; y la final, caracterizada por un levantamiento militar ejecutado, precisamente, para lograr la Independencia y no modificar el régimen colonial. De esta contradicción se formarían dos bandos que pugnarían durante los siguientes 50 años por el predominio político en el país: los liberales y los conservadores.
